La procuradora Margarita Cabello expresó su preocupación sobre la Resolución mediante la cual el Gobierno Nacional nombró a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. Según Cabello, la inclusión de estos individuos en el proceso de paz, algunos con antecedentes de violencia sexual y otros involucrados en crímenes de lesa humanidad, perpetúa la impunidad.
Según la Procuradora, la decisión podría infringir derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, “la paz debe construirse sobre cimientos sólidos, respetando la dignidad de las víctimas y actuando siempre dentro del marco legal. Esta resolución, tal como está, no garantiza esos principios fundamentales”
La procuradora Cabello advirtió que, al permitir que estos exlíderes paramilitares asuman roles en el proceso de paz, el Estado no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje equivocado a la sociedad. Además, insistió en que las mujeres y niñas que han sufrido violencia deben ser el centro del proceso de paz y protección, y que la impunidad no puede ser parte del camino hacia la reconciliación.
Respecto a la designación señaló la procuradora que:
Hay falta de especificación sobre el tipo de acuerdo que justifica la designación.
No hay legitimidad de los designados, que no tienen representación de los grupos armados.
Existe ausencia de objetivos claros en la resolución para la construcción de paz.
Sumado a esto “hay un riesgo de revictimización, al incluir a individuos con antecedentes de violaciones a los derechos humanos”.
Contra esta resolución, (La No. 453 del 8 de noviembre de 2024) hay en la actualidad cuatro demandas de nulidad presentadas ante el Consejo de Estado.
