Por no acogerse al compromiso de revelar verdades suficientes, completas y relativas a su participación como actor no armado dentro del conflicto paramilitar que vivió Casanare, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP inadmitió la solicitud de sometimiento que desde 2018 había presentado ante dicha instancia, el exgobernador casanareño, William Pérez.
Pérez, uno de los más carismáticos dirigentes políticos de Casanare, fue gobernador entre 2001 y 2003 y al intentar una reelección en dicho cargo, resultó enredado en una serie de cuestionamientos que derivaron inicialmente en aperturas de investigaciones, una medida de aseguramiento y su vinculación a 16 procesos investigativos por un conjunto de delitos contra la administración pública.
En tres de dichos procesos, William Pérez ha aceptado cargos o se le halló culpable, sumando sucesivas sentencias condenatorias que aún lo mantienen en la cárcel de mínima seguridad de Acacías (Meta).
En 2009, fue condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en única instancia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, concusión y peculado por apropiación a favor de terceros en concurso homogéneo, a las penas principales de quince (15) años de prisión, multa de $2.400 millones y diez (10) años de inhabilitación de derechos y funciones públicas.
En 2014, la Sala Penal de la CSJ notifica una segunda sentencia condenatoria, esta vez por los delitos de concusión e interés indebido en la
celebración de contratos, imponiéndose en su contra una pena principal de 100 meses de prisión, multa de $43’260.000, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de diez (10) años y dos (2) meses.
En junio de 2016, ante la aceptación de cargos de Pérez, la misma instancia (CSJ) lo sentenció por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del radicado No. 46.243, y lo condenó a 56 meses de prisión; multa por $191’552.634 y 56 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas.
Actualmente, se encuentra un proceso con sentencia de primera instancia y se surte el trámite de apelación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, por el cual ya fue condenado en primera instancia a 86 meses de prisión en primera instancia.
A lo largo de estos procesos investigativos han salido a relucir nombres de cooperativas, entidades y personas naturales de reconocida influencia política en Casanare (diputados y funcionarios públicos de la época de William en el gobierno), que de un modo u otro habrían actuado facilitando su accionar delictivo.
Pese a ello y a sus circunstancias jurídicas, al evaluar la información adicional que el exmandatario debía aportar como requisito fundamental para acreditar su sometimiento ante la JEP, se encontró que esta no superaba lo ya conocido en los expendientes que tramitó la justicia ordinaria y que fueron base para sus sucesivas condenas.
Según la JEP, los escritos aportados por William Pérez para cumplir este compromiso, fueron insuficientes y reiterativos y no cumplían con el requisito de un aporte significativo al esclarecimiento de hechos y participación de personas vinculadas al fenómeno del paramilitarismo en el departamento.
No dijo mucho más allá de reiterar que en su condición de Gobernador, William Pérez facilitó el accionar de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) pactando y cumpliendo repartición de recursos públicos mediante contratos amañados y ejerciendo un cogobierno con el cual correspondió al apoyo político y a la presión armada con la cual este grupo ilegal garantizó su llegada al poder.
