El Juzgado 2 Penal del Circuito de Sogamoso condenó a 33 años y 9 meses de prisión a Juan Diego Zapata Calderón y Diego Fernando Quintero Bedoya, quienes desde la audiencia de imputación aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo.
Los dos sentenciados, que hicieron parte de la organización criminal denominada Los Desalmados, permanecen privados de la libertad luego de su captura, junto con otros
tres integrantes de la banda, a inicios de diciembre de 2019, gracias a la investigación que desarrolló el CTI de la Fiscalía, por medio de la cual se logró su identificación.
Los hechos habrian ocurrido el 2 de julio de 2015, en el barrio Álvaro González Santana del municipio de Sogamoso (Boyacá), la víctima de 16 años salió a las seis de la tarde de la empresa de laminados donde laboraba, en compañía de un primo. Cuando este último se quedó en su vivienda, el adolescente siguió su camino y dos cuadras más adelante fue abordado por cuatro personas que se movilizaban en una motocicleta y un taxi, obligándolo a subir al
vehículo.
El 11 de julio de ese año, fueron halladas partes del cuerpo del menor con visibles signos de tortura.
Las indagaciones realizadas por la policía judicial de la Fiscalía permitieron establecer
que los captores del joven eran conocidos suyos y que el supuesto autor intelectual habría sido Diego Rojas Cruz, dueño de la fábrica donde trabajaba la víctima.
Según la investigación, al empresario lo venían extorsionado, por lo que habría pagado 20 millones de pesos para que desaparecieran a la persona que vendió información sobre su hijo y no seguir pagando las exigencias económicas.
Así, Zapata Calderón se alió supuestamente con Andrés Felipe Quintero Cortés y Reynel David Orduz Álvarez para secuestrar al menor aduciendo que él era el responsable de las extorsiones.
Con base en las labores investigativas adelantadas bajo la coordinación de una fiscalía especializada de la Seccional Boyacá, la primera semana de diciembre de 2019, el CTI
Gaula desarticuló la estructura criminal con la materialización de 5 órdenes de captura:
las de los hoy sentenciados, así como la de Diego Rojas Cruz, en calidad de
determinador, y de los otros dos supuestos implicados. El empresario y los otros imputados no aceptaron los cargos que les endilgó las Fiscalía,
por lo que a la fecha su proceso se encuentra en etapa de juicio oral.
