Debido a que en los últimos 20 años la población ha presentado un deterioro de su salud mental, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó una estrategia para atender la prevención y atención integral de violencias, el consumo de drogas, problemas y trastornos mental
Se trata de una política con acciones previstas para cuatro años que tendrá un costo estimado $1,1 billones, con la cual se busca, en primer lugar, mejorar y hacer más eficiente la coordinación de las entidades relacionadas con la salud mental de la población, entre ellas los ministerios de Salud, Justicia, Trabajo, Educación, Cultura, Deporte, Vivienda y TIC, así como Prosperidad Social, el DNP y el Instituto de Bienestar Familia.
Un segundo objetivo se relaciona directamente con el fortalecimiento de los entornos y acciones que permitan transformar normas y representaciones sociales entre la población, que favorecen las violencias, los problemas y trastornos mentales, y el consumo de sustancias psicoactivas.
Como tercer objetivo de esta política se prevé el mejoramiento de las capacidades de oferta en salud para la atención integral y estrategias para la inclusión social de las personas con problemas y trastornos mentales.
De esta manera el Gobierno nacional emprenderá una tarea integral para enfrentar de forma adecuada la salud mental, especialmente cuando en Colombia una de cada diez personas —el 10,25 % de la población— padeció un trastorno mental, según datos disponibles a 2017.
Precisamente, el trastorno mental está considerado entre las 20 primeras causas de Años de vida potencialmente perdidos por discapacidad (AVAD).
- La Política Pública de Salud Mental también permitirá enfrentar las violencias y el consumo de sustancias psicoactivas, que influyen en la aparición de síntomas y problemas mentales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal (2018) y el Observatorio de Drogas de Colombia (2013-2016), además de un inicio temprano en su uso, se evidencia el abuso y dependencia de las drogas entre jóvenes y adolescentes.
Para tener una idea del problema de violencias, cuatro de cada diez jóvenes entre los 18 y 24 años las han sufrido antes de ser mayores de edad, mientras que los casos por presunto abuso sexual pasaron de 19.641 en 2011 a 22.211 en 2018.
El diagnóstico recogido por el CONPES evidencia que el peor desenlace en salud mental es el suicidio, el cual se incrementó en el país, al pasar (por cada 100.000 habitantes) de 4,58 en 2008 a 5,93 en 2018. Esta conducta afecta en particular a los adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
Acciones
Para prevenir la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el DNP construirá y socializará con entidades territoriales un sistema de focalización que priorice y promueva la oferta social para esta población.
Además, se adelantarán dos estudios para analizar cuáles son los determinantes sociales que caracterizan a la población con mayor prevalencia de problemas y trastornos mentales, con el fin de desarrollar políticas públicas para prevenirlos.
Por su parte, el Ministerio de Cultura promoverá el desarrollo de hábitos de lectura y el aprendizaje de oficios y artes. Además, brindará formación en oficios tradicionales, al tiempo que adelantará procesos de arte y atención psicosocial dirigidos a los más pequeños.
En el mismo contexto, el Ministerio del Deporte centrará su tarea en desarrollar competencias socioemocionales por medio de la actividad física, deportiva y recreativa; en tanto, Prosperidad Social reforzará las competencias ciudadanas y comunitarias del Programa Familias en Acción; simultáneamente, se fortalecerán las habilidades de los beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción.
Para prevenir los riesgos psicosociales en el entorno laboral, el Ministerio de Trabajo hará seguimiento a las empresas para el cumplimiento, entre otros, de los protocolos para la promoción de la salud mental, prevención y atención de efectos negativos entre los empleados.
Para hacer frente en el entorno escolar a las violencias, el consumo de drogas, los problemas y trastornos mentales, el Ministerio de Educación adelantará el registro, seguimiento y atención de casos a través de un sistema de información y rutas de atención en establecimientos educativos; también, respetando la autonomía universitaria, se identificarán y analizarán los factores de protección y riesgo que inciden en la salud mental de los estudiantes de educación superior.
El Ministerio de Vivienda a través del Programa Casa Digna, Vida Digna, brindará atención para mejorar las condiciones en que viven personas con discapacidad. Se busca, entre otros, reducir el hacinamiento como factor de riesgo de violencias en el entorno hogar.
Los ministerios de Justicia y de Salud harán monitoreo y seguimiento de nuevas sustancias psicoactivas, drogas sintéticas y emergentes que permitan, a través del Sistema de Alertas Tempranas, reducir el impacto asociado a su consumo.Además de acciones que permitan mejorar la prestación del servicio de salud y favorecer la inclusión social de la población, el Ministerio de Salud diseñará una estrategia de rehabilitación basada en comunidad a escala nacional y territorial, en la cual se integren procesos de otros sectores.
Dado que el ICBF tiene a su cargo la atención de diversos grupos de niños y menores de edad —incluida la restitución de derechos, responsabilidad adolescente y población privada de la libertad—, potenciará vocaciones, intereses y talentos como estrategia para prevenir riesgos y vulneraciones, al tiempo que promoverá la atención del suicidio y el consumo de drogas.
