Hay controversia por un Contrato de $72 Millones para Asesoría Jurídica en la Gobernación de Casanare
Un contrato por $72 millones de pesos para la prestación de servicios profesionales en asesoría jurídica ha generado interrogantes sobre su transparencia y necesidad.
El documento, firmado el 3 de junio de 2025 entre la Gobernación de Casanare y la abogada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, causó bastante revuelo entre varios abogados y firmas legales del departamento.
Detalles del Contrato
- Objeto: Asesorar al despacho del gobernador y la Secretaría Privada en temas complejos de derecho administrativo, fiscal y disciplinario.
- Plazo: 6 meses, con pagos mensuales de $12 millones (total: $72 millones).
- Origen de los fondos: Rubro presupuestal «Remuneración por Servicios Técnicos y Profesionales» (CDP 2502261).
- Garantía: No se exigió garantía de cumplimiento, amparándose en el Decreto 1082 de 2015.
Puntos Clave del Contrato
- Selección Directa:
El contrato se adjudicó bajo la figura de SECOP II CAS-PRI-CDPSP-0014-2025, pero no se menciona un proceso de licitación pública. ¿Cumple con los principios de concurrencia y transparencia exigidos por la Ley 80 de 1993? - Confidencialidad y Riesgos:
La cláusula de confidencialidad es extremadamente amplia, cubriendo cualquier información a la que la contratista acceda, incluso de terceros. Esto podría limitar el escrutinio público sobre decisiones críticas del gobierno departamental. - Supervisión Limitada:
A pesar del monto y la naturaleza sensible del trabajo, no se asignó una interventoría externa. La supervisión recae en la misma Secretaría Privada.
Perfil de la Contratista:
Lucy Jeannette Bermúdez, es Abogada de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá. Especializada en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Magister en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre, aspirante a Magister en Derecho Administrativo de la misma universidad y a Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense de la Universidad del Área Andina.
Bermúdez fue magistrada del Consejo de Estado, Alto Tribunal que presidió en el año 2019. Integrante de la Sección Quinta o Sala Electoral de esa Corporación de la que también fue presidente en los años 2015 y 2016. Se vinculó con la Rama Judicial hace más de 36 años, iniciando como escribiente, Asistente judicial y Juez de la República. Fue funcionaria de la Procuraduría General de la Nación por cerca de 20 años, donde se desempeñó como Procuradora Judicial ante los tribunales y jueces de la República y ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca, también ejerció como Procuradora Delegada ante las Secciones Tercera y Quinta del Consejo de Estado.
En su ejercicio particular representó a varios gobernadores en procesos de nulidad electoral por presunta doble militancia, incluyendo a los mandatarios de Boyacá (Carlos Amaya), Putumayo (Carlos Marroquín) y San Andrés (Nicolás Gallardo). Además, se ha señalado su cercanía con figuras clave en la implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), como Eduardo Montealegre (Posible nuevo ministro de Justicia) y Juan Carlos Henao.
Contexto Institucional
El contrato se justifica como parte del «fortalecimiento institucional» del despacho del gobernador, pero surge la pregunta: ¿Por qué no se utiliza la estructura jurídica interna de la Gobernación?
Reacciones
Abogados consultados por #ELNuevoOriente coinciden en que el conocimiento y la experiencia de la abogada sería una jugada clave ante el reciente debate de la Administración con la Asamblea y que la llegada de la destacada jurista obedece a un «blindaje» por parte del Gobernador para afrontar tanto los debates, como las posibles demandas que se pudieran presentar, ya que no solo se trata de una destacada y experimentada abogada, sino de una ex magistrada con muy buenos contactos en las altas esferas del poder judicial nacional.
