Una serie de amenazas, hostigamientos y seguimientos desde 2023, había denunciado la dirigente cívica y empresaria aguazuleña LIDA KATHERINE ROJAS TORRES, asesinada el sábado 23 de noviembre en zona rural de Aguazul, situaciones que de haberse atendido cuando ella las denunció no hubieran finalizado en la tragedia que hoy sacude a su familia.
Fuentes cercanas al trágico hecho,cuestionaron también la escasa atención que las autoridades de Casanare le brindaron a este caso, incluso para el procedimiento de levantamiento del cadáver, diligencia que no pudo materializarse ante la negativa de Ejército y Policía de brindar la cobertura para realizar el procedimiento.
Una vez se dio inicio a los llamados de ayuda ante las autoridades para atender el hecho, y ante la negativa para permitir el desplazamiento al sector, fue la presencia de una comisión humanitaria (conformada por las Secretarías de Gobierno de la Gobernación y la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y un vocero de la lglesia Católica, fue el mecanismo que permitió el rescate del cadáver.
Igualmente, tampoco nadie ha sido requerido por autoridad alguna para dar inicio a alguna pesquisa conducente al esclarecimiento del homicidio. Incluso, la recuperación del vehículo en el cual LIDA llegó hasta el lugar donde ocurrió su muerte, fue posible gracias a familiares suyos que también sin protección
acudieron al lugar de los hechos, ubicada en inmediaciones de la vereda EI Triunfo.
En cuanto a las amenazas, se conoció que desde 2023, LIDA KATHERINE (empresaria del sector de la salud con amplio reconocimiento social en sectores rurales y urbanos de su municipio) había sido objeto de seguimientos por parte de desconocidos que la abordaron incluso en el sitio donde tenía su lugar de residencia habitual.
«En alguna oportunidad la interceptaron hombres en moto, confirmaron su identidad y luego comenzaron a preguntarle si conocía personas», estos sujetos se identificaron como supuestos miembros de “organismos de seguridad del Estado”.
De manera coincidente, por esas fechas y hasta este año, la joven madre de familia y líder cívica, comenzó a recibir llamadas extorsivas, mensajes y citaciones,a nombre de «grupos al margen de la ley», concretamente de grupos que operan en la zona y que hacen activa presencia en dicho sector rural de Aguazul, zona de influencia petrolera.
Este medio conoció, incluso, que reiterativamente le habían hecho citaciones,con el fin de pactar el pago de exigencias económicas.
En marzo pasado, la situación de seguimientos se agudizó al punto que dos sujetos, en clara actitud sospechosa, merodeaban en inmediaciones de su domicilio.
Esta cadena de hechos, amenazas y extorsiones, fueron puestos en conocimiento de autoridades como Fiscalía, Ejército y Policía (SIJIN), entre otras,las cuales no activaron mecanismos de protección hacia la líder social, empresaria, dirigente cívica y madre de familia.
También, instancias como el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU,Regional Casanare;la Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo y las administraciones departamental y municipal, conocían de la situación de amenazas y vulnerabilidad de LIDA ROJAS TORRES.
La situación llegó al límite de obligarla a pagar durante varios meses un servicio de protección personal el cual no pudo sostener por carencia económica por lo que había tomado la decisión de radicarse por dichos motivos y durante varias semanas fuera de Casanare, en departamentos vecinos, desde donde realizaba viajes esporádicos a esta región de lo cual informaba a las autoridades de sus desplazamientos, tal como lo hiciera en el que fuera su último desplazamiento.
El sábado, en horas de la mañana, se encontraba visitando algunos familiares en el sector de Cupiagua, cuando dijo que se ausentaría por unos momentos y posteriormente envío a través de su celular la ubicación donde se encontraba.
Horas después, su cuerpo sin vida fue hallado a unos 200 metros del sitio donde se encontraba abandonado su vehículo.
Un pronunciamiento claro de las autoridades y una investigación de los hechos,exigen ahora fuentes cercanas a la sacrificada joven empresaria, cuya muerte se pudo evitar si sus pedidos de auxilio se hubieran tramitado con mayor diligencia por parte de las entidades a las cuales acudió para denunciar la situación de amenazas que venía enfrentando.
