POR Juan Carlos Niño Niño / Experto y Asesor Legislativo
En ningún momento quiero desmeritar la Reforma Laboral.
Al contrario. La considero absolutamente necesaria. No es ninguna genialidad del Presidente Gustavo Petro, porque devuelve unas conquistas laborales del siglo pasado, y que la reforma de hace veinte (20) años suprimió o por lo menos redujo, con el válido pero discutible argumento de estimular la producción y generar aún más empleo, sin detenerme a profundizar sobre cada uno de los elementos en discordia, porque esta Columna Dominical se enfoca directamente en la legítima facultad del Congreso en aprobar o improbar un proyecto.
Aun con esta salvedad, conviene anotar “a vuelo de pájaro” que la Reforma Laboral fija la jornada diurna de 6 AM a 7 PM, aclarando que ésta no puede exceder las ocho (8) horas diarias ni cuarenta y dos (42) a la semana, dando paso entonces a la horas extras (Artículo 16), que “no podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales”; mientras que el recargo dominical pasa de manera gradual a un ciento por ciento.
La ponencia negativa que radicaron ocho senadores* a esta reforma, es totalmente legitima, se encuadra en la función de “hacer leyes”, que la Constitución Política designa al Legislativo, por lo que el presidente Petro no puede desconocer ni calificar como “un bloqueo al cambio”.
Aún más cuando esta ponencia desfavorable se somete a discusión en la Comisión 7a del Senado –siendo la primera en discutir porque pide el archivo, de acuerdo con el Artículo 158 de la Ley 5 de 1992 o Estatuto del Congreso- teniendo entonces posibilidades de ser acogida o rechazada por el pleno de esta célula legislativa, en la medida en que el trámite legislativo es impredecible –como la vida misma- y cualquier cosa puede pasar a última hora.
Y en caso de hundirse la iniciativa, el accionar del Congreso sigue siendo igualmente válido, legal, autónomo, como lo fue la aprobación casi “fast track” (vía rápida) de un paquete de proyectos de ley del Gobierno –al iniciar la era Petro- incluido el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria –que demandó un consenso entre bancadas- como también la compleja ley de orden público, bajo una relación armoniosa Ejecutivo-Congreso –lograda por el entonces Presidente del Senado Roy Barreras- que se arruinó cuando Petro salió al balcón, y sin ninguna necesidad les pidió a los colombianos salir a las calles a defender sus reformas, cuando las mismas se estaban aprobando sin ningún contratiempo en el Legislativo.
Antes de apresurarse a convocar a una consulta popular –que institucionalmente es bien difícil de afianzar- el Presidente Petro debió revisar con minuciosidad el escenario en el Congreso, contemplar las diversas alternativas, como buen estadista encontrar consensos y plasmar un articulado “salomónico”, como parece que ahora se puede lograr con la ponencia alternativa de la Senadora Norma Hurtado -que desintegraría el quórum para acoger la ponencia negativa-.
Siempre y cuando a Petro no le dé por tener otra salida “intergaláctica”, como cuando tuvo el exabrupto de señalar sin pruebas que el Senado no aprobó la legalización del cannabis, al suponer en un momento de ofuscación que algunos senadores tenían nexos con las bandas del microtráfico en Colombia.
Es curioso: el Congreso solo le sirve a Petro cuando le aprueba sus iniciativas.
Es decir, el trámite legislativo solo es válido, legítimo, coherente, cuando está a favor del “cambio”, pero es “indeseable” cuando hace lo contrario, hasta tal punto que ahora trata de desmontarle su facultad legislativa con la protesta popular, desconociendo las reglas de juego establecidas en la Constitución Política –la misma que permitió su elección como Presidente- en un atentado contra la independencia de los poderes.
Pero eso sí, guardando silencio si dado el caso es aprobada esta semana en primer debate la Reforma Laboral –con la Ponencia de la Senadora Hurtado- porque seguramente no es rentable darle una buena calificación al Congreso, como sí lo es exaltar los ánimos de los ciudadanos, que de paso distrae de los constantes y preocupantes desaciertos de este Gobierno.
*(EN LA FOTO PRINCIPAL: los ochos senadores que impulsan la ponencia negativa a la reforma laboral (de izq. a der.) Alirio Barrera, Honorio Henríquez, Ana Paola Agudelo, Berenice Bedoya, Nadia Blel, Lorena Ríos, Esperanza Andrade y Miguel Ángel Pinto.
