Un paro indefinido de la rama judicial por la crítica congestión que vive la administración de justicia, advirtió Humberto López Narváez, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial Nacional, en reciente reunión con jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de despachos judiciales y trabajadores de dicha rama.
«El gobierno nacional destinó $100 mil millones para la creación de 900 nuevos empleos que van a fortalecer la capacidad de trámite de los asuntos judiciales, ojalá algunos de esos nuevos cargos beneficien a Casanare, pero esa es una medida insuficiente para enfrentar la crisis», dijo López Narváez, quien advirtió que sin en próximas reuniones con el gobierno no hay una medida de fondo, «la Justicia en Colombia entrará en un paro indefinido de actividades».
Y es que los números de la rama judicial son realmente críticos: entre 2008 y 2017, según el Consejo Superior de la Judicatura ingresaron 2 millones 750 mil expedientes de todas las especialidades a los juzgados, tribunales y cortes del paíes.
«Es decir, un incremento de la demanda judicial de 29% mientras que en el mismo período apenas aumentó el personal judicial en 13%; aún así la productividad de los jueces se incrementó en 36%, es decir que un juez despachó en promedio de 300 a fallos por año; sin embargo, le ingresan más de 600… así es imposible que el sistema judicial se ‘ponga al día'», agregó López Narváez.
En este entorno, el gobierno anuncia una «reforma» cuya columna vertebral es quitarles a los magistrados de las altas cortes las facultades para elegir y volver al sistema de ‘meritocracia’ lo cual no resuelve para nada la raíz del problema.
De no alcanzarse un acuerdo con el gobierno, un paro judicial sería inevitable.
