La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha rechazado la solicitud de sometimiento presentada por Luis Felipe Carrillo Caro, exdetective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), investigado por su presunta participación en los homicidios de José Holman Rodríguez y Fabiola Castro en 2007, durante operativos del GAULA en Aguazul, Casanare.
Carrillo Caro, considerado agente del Estado no integrante de la fuerza pública, había solicitado su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Sin embargo, el 9 de abril, la sala resolvió no admitir el trámite por presentarse fuera del tiempo previsto. El traslado del recurso de apelación fue notificado el 6 de mayo.
Los hechos que involucran a Carrillo Caro ocurrieron en el marco de operativos militares contra la extorsión. El primer caso se remonta al 16 de abril de 2007, cuando fue asesinado José Holman Rodríguez en la finca Buenavista, en Aguazul. La víctima, exmiembro de las Autodefensas, fue hallada con siete impactos de bala. El informe de las autoridades no detalló las circunstancias del operativo, lo que generó cuestionamientos por parte de su familia.
El segundo caso tuvo lugar el 8 de mayo del mismo año en la vereda Alto de Cupiagua, donde murió Fabiola Castro. Carrillo Caro reportó que la mujer, identificada por su hermano como exguerrillera del ELN, falleció en combate durante la operación “Marfil II”. El hecho fue cerrado por la justicia penal militar mediante auto inhibitorio.
Ambos casos fueron inicialmente conocidos por la justicia ordinaria y militar, pero posteriormente trasladados a la JEP por su posible relación con el conflicto armado. Sin embargo, el rechazo de la solicitud de sometimiento de Carrillo Caro limita, por ahora, su acceso a los beneficios del sistema transicional.
Este rechazo se enmarca en el contexto de las investigaciones de la JEP sobre los denominados «falsos positivos» en Casanare, donde se han documentado múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Las víctimas y sus familias continúan buscando verdad y justicia por estos crímenes.
