Tras 20 años de investigación, la Fiscalía General de la Nación solicitará este miércoles la preclusión del proceso por la muerte de la alférez Lina Maritza Zapata, ocurrida el 25 de enero de 2006 en la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá.
A partir de este caso y de múltiples testimonios recaudados en su momento, comenzó a hablarse de la llamada “Comunidad del Anillo”, una presunta red que habría involucrado a oficiales de la Policía, políticos y otros uniformados, en su mayoría hombres.
Según las investigaciones, Lina Zapata habría descubierto dentro de la Escuela —a través de su compañero, el alférez John Cifuentes— la existencia de un álbum con fotografías de cadetes, que presuntamente eran ofrecidas para favores sexuales a oficiales de alto rango y líderes políticos, a cambio de dinero, ascensos, viajes o regalos, como motocicletas. Incluso, se llegó a mencionar la posible implicación de congresistas con alto poder político.
Por estas y otras razones, el apoderado de la familia, el abogado Jesús Vergara, anunció que se opondrá a la preclusión y solicitará que el caso sea declarado de lesa humanidad, al considerar que se trataría de un hecho sistemático, con vínculos a otros delitos graves. El objetivo es evitar la prescripción y exigir a la Fiscalía que profundice en todas las pruebas y elementos que permitan esclarecer quiénes y por qué asesinaron a la alférez, justamente el día de su graduación.
El 25 de enero de 2006, el cuerpo de Lina Zapata fue hallado en uno de los alojamientos de la Escuela. Inicialmente, la Policía sostuvo que se trataba de un suicidio; sin embargo, Medicina Legal descartó que la joven hubiera accionado un arma, lo que dio paso a una investigación por homicidio.
El caso está rodeado de múltiples hechos considerados irregulares: presuntos intentos de encubrimiento, la incineración de la ropa de la víctima, la muerte posterior de un oficial vinculado a la investigación, así como presiones, amenazas y seguimientos a periodistas que indagaron sobre la muerte de Lina y la existencia de la “Comunidad del Anillo”. Estos elementos han reforzado las sospechas sobre la gravedad y el alto alcance de esta red.
El mayor Edgar Efrén Pérez Lizcano fue uno de los primeros oficiales en llegar a la escena, luego de que el cadete Julián Lucumí encontrara el cuerpo herido de Lina y diera aviso. Años después, el mayor Pérez Lizcano murió por un disparo en circunstancias no esclarecidas. Lucumí continúa vinculado a la Policía.
En el marco del escándalo, dos coroneles retirados de la Policía, Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, fueron condenados a 10 años de prisión por el delito de constreñimiento a la prostitución, relacionado con la “Comunidad del Anillo”.
La audiencia pública está programada para este miércoles a las 2:30 p. m., de manera virtual, en el Juzgado 58 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
