La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó nuevos hallazgos sobre las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2004 y 2007, asegurando que no hay pruebas de que estos crímenes fueran ordenados oficialmente dentro de la Política de Seguridad Democrática. Sin embargo, la investigación reveló que existieron presiones e incentivos militares que facilitaron la práctica de los llamados ‘falsos positivos’, en los que 442 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate para inflar los resultados operacionales del Ejército.
No hubo órdenes escritas, pero sí incentivos
Durante una rueda de prensa, Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, explicó que no se hallaron documentos oficiales que vinculen estas ejecuciones con la estrategia de seguridad del Gobierno de la época.
«Hemos esclarecido que esta política, de facto, no surge del documento oficial de la Política de Seguridad y Defensa Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50», afirmó Díaz.
A pesar de esto, la investigación encontró presiones dentro del Ejército para obtener resultados en combate, junto con incentivos que promovieron estas prácticas. También se evidenció que en 2006 se realizaron reuniones de alto nivel en Antioquia, donde el Gobierno y las Fuerzas Militares discutieron medidas para frenar estos crímenes, como aumentar la participación de la Fiscalía en los levantamientos de cuerpos.
Generales y oficiales imputados
Con base en estos hallazgos, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados, 25 oficiales, 10 suboficiales y dos civiles señalados de reclutar víctimas a cambio de dinero.
Los generales implicados son:
- Óscar Enrique González Peña
- Luis Roberto Pico Hernández
- Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo
- Juan Carlos Piza Gaviria
Según la JEP, estos altos mandos habrían favorecido una política de “conteo de cuerpos” que incentivó el asesinato de civiles para mostrar resultados positivos en la lucha contra grupos armados ilegales.
Límites de la investigación
Díaz aclaró que la competencia de la JEP no incluye a expresidentes, por lo que la investigación se centra en las responsabilidades dentro del Ejército y otros actores involucrados. También subrayó que las determinaciones de la jurisdicción están respaldadas en cientos de documentos, testimonios y versiones de los comparecientes.
Los datos recopilados muestran que Antioquia experimentó un aumento constante en los ‘falsos positivos’ hasta 2004, mientras que el pico nacional de estos crímenes se registró entre 2006 y 2007. La investigación sigue en curso y se espera que las decisiones de la JEP ayuden a esclarecer la verdad y garantizar la justicia para las víctimas.
