(TOMADO DE LA W RADIO)
Aunque el exmandatario local ofreció prender el “ventilador” frente a gobernadores y otros funcionarios en Casanare, reafirmó su “inocencia” en parapolítica, desconociendo haber sido apoyado por las Autodefensas.
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó por el momento y ordenó por una última vez al exalcalde de Yopal y exrepresentante a la Cámara por Casanare, Efrén Hernández Díaz, ajustar su plan de aporte a la verdad frente a los crímenes de los que ofreció hablar ante la magistratura.
Lo anterior, luego de que el excongresista reiterara su inocencia a pesar de que ya fue condenado en la justicia ordinaria por sus vínculos con las Autodefensas de Martín Llanos con los que pudo llegar a la Cámara de Representantes en 2022. Asimismo, ofreció “prender el ventilador” sobre distintas circunstancias que asegura conoció frente a los nexos del paramilitarismo con los políticos y funcionarios de la Fuerza Pública en Casanare.
Lo que ofreció contar Efrén Hernández
Dentro de los temas que Hernández Díaz ofreció abordar a profundidad en la jurisdicción, se encuentra por ejemplo su intención de hablar del llamado “Pacto de Cañito” en el municipio de Tauramena (Casanare) entre “paras” y políticos; allí señaló que todos los candidatos a la gobernación del departamento asistieron.
“A saber, Luz Marina González, Oscar Leonidas Wilchez Carreño, William Pérez Espinel, Javier Vargas Barragán y Jacobo Rivera Gómez, así como del comandante alias “Martín Llanos” y un delegado de las AUC. Al respecto, manifestó que se referiría a los pactos y estrategias convenidas para la elección de gobernador de Casanare y para la Cámara y Senado de la República en el mismo territorio, durante el 2002 – 2006 y los candidatos de esa alianza paramilitar para lograr escaños en el parlamento”, cita la JEP.
Asimismo, ofreció hablar sobre un coronel del Ejército, el coronel Juan Carlos Castañeda (comandante del Batallón Ramón Nonato Pérez en su momento y ya condenado) frente a sus nexos con el paramilitarismo, particularmente alias “Careloco”. También de los vínculos del exdirector del DAS Orlando Rivas Tovar con las AUC, así como la Policía y empresas privadas.
“…el señor William Mayorga Suárez, quien era miembro activo de la Policía Nacional, y algunas empresas privadas de la región, entre estas, la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial de Casanare (CONADEC LTDA), la Corporación Especializada para el Desarrollo Integral y Agropecuario de Casanare y Colombia (CEACOL), CORINPAC y la Asociación de Trabajadores y Desempleados de Monterrey (ATDM)”, ofreció Hernández.
Finalmente, otro de los asuntos que ofreció profundizar fue cómo los exgobernadores William Pérez, Miguel Ángel Pérez y otros líderes (entre ellos Jacobo Rivera Gómez y el exalcalde de Aguazul Leonel Torres) apoyaron a las Autodefensas de Martín Llanos.
“También, que se referiría al “sometimiento” de la asamblea departamental, algunos concejos municipales y alcaldes a los propósitos particulares de las ACC”, prometió Hernández.
Lo que deberá ajustar Efrén Hernández
A pesar de los ofrecimientos iniciales realizados por el exalcalde de Yopal, la magistratura encontró que, frente a los puntos anteriormente mencionados, debe profundizar por escrito sobre tales “dinámicas” y no quedarse solamente en la mera enunciación.
Así entonces, frente a su condena particular tendrá que ir a fondo sobre los asuntos que prueban su ausencia de responsabilidad y su culpabilidad de vínculos con paramilitares, lo que conoció del “Pacto de Cañito”, los pactos de las Autodefensas para copar la asamblea del Casanare y los escaños departamentales en la Cámara, así como en el Senado.
“Indique específicamente, cómo apoyaron los señores William Pérez Espinel, Miguel Ángel Prez Suarez, Luz Marina González, Oscar Leonidas Wilchez Carreño, William Pérez Espinel, Javier Vargas Barragán, Jacobo Rivera Gómez, Leonel Torres, a las ACC y si conoce de denuncias presentadas por algunos de estos líderes contra las ACC ante las autoridades competentes”, le solicitó la JEP.
Finalmente, también tendrá que ahondar en sus acusaciones contra varias empresas de haber tenido nexos con el paramilitarismo y aportar documentos sobre lo que calificó como: “la estructura de la Autodefensas Campesinas de Casanare y los graves crímenes cometidos por estas en los que al parecer están implicados servidores públicos y terceros”.
(POR: Rafael Alberto Aristizábal – PERIODISTA DE LA W RADIO)
