La intimidación a líderes sociales proviene de grupos armados organizados y de delincuencia organizada con el interés de mantener control territorial, narcotráfico, explotación de recursos naturales y la cadena de economías ilícitas que de ellas se desprende.
Así lo indica el segundo ‘Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia’, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020, presentado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
De acuerdo con el informe, los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare tienen mayor probabilidad de afectación a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Estas zonas coinciden con factores de riesgo por la convergencia de fenómenos criminales como el accionar de Grupos Armados Organizados (GAO) como el Eln, GAO Residual, ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pelusos’ y ‘Los Caparrapos’, y 21 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que se disputan el control de economías ilícitas en torno a la cadena de narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.
La Consejera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda manifestó: “La consolidación de estos datos y la presentación del segundo informe se da gracias a un trabajo articulado entre entidades del Gobierno Nacional y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia”.
Agregó que “desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales mostramos esta realidad y entregamos semanalmente la información al Presidente de la República, con el ánimo de seguir ejecutando políticas que promuevan la prevención y protección de los derechos de los líderes sociales en el país”.
“Es claro que las amenazas provienen predominantemente de estructuras criminales organizadas que violan los derechos humanos de la población y actúan en contra de líderes comunitarios, sindicales, políticos, campesinos e indígenas, defensores de tierras, de comunidades negras y afrocolombianas”, dijo.
Llamado por la protección de los líderes
Durante la presentación del informe, la Consejera Gutiérrez hizo un llamado por el respeto a la vida y a la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y que lideran procesos en favor de sus territorios y comunidades.
“Nos corresponde a todos: Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes, funcionarios territoriales, a la rama judicial, al Congreso de la República, a los órganos de control, pero también a la comunidad en general para que se asuma el respeto por los derechos humanos, lo que implica denunciar a quienes se salen de la legalidad”, subrayó.
Este segundo informe trimestral reúne también las acciones de “debida diligencia y gestión del Estado colombiano en aras de la garantía del ejercicio del liderazgo social y de defensores/as de derechos humanos”, el cual describe el avance en el desarrollo de las 13 recomendaciones emitidas en el informe de homicidios del primer trimestre, así como los programas y estrategias realizadas en coordinación con entidades del Gobierno Nacional.
