Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas
cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre
siete predios, que habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades
detectadas en el proceso de contratación del interconector Tunjuelo – Canoas, que pretendía
apoyar las actividades de descontaminación del río Bogotá.
Se trata de cinco inmuebles rurales y dos urbanos ubicados en Chía y Ricaurte (Cundinamarca),
y Hato Corozal y San Luis de Palenque (Casanare).
Los bienes fueron avaluados preliminarmente en más de 40.000 millones de pesos.
Dichas propiedades pertenecerían al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, quien
presuntamente se apropió de más de 48.620 millones de pesos, correspondientes al 20% de
anticipo que entregó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la
realización de la obra civil de dicho multimillonario contrato.
Llamó la atención de la Fiscalía un predio en Casanare, cuya extensión superó las 5.000
hectáreas; además de lujosas construcciones en Chía, en la sabana norte de Bogotá.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados.
Esta es la segunda ocupación que se realiza por las anomalías identificadas en el contrato del
interconector Tunjuelo – Canoas.
En una primera fase, en 2021, fueron ocupados 77 bienes avaluados en 27.044 millones de pesos.
Dichos predios fueron ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y también en Orocué (Casanare).
Allí sobresalió una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre.
