Los pueblos indígenas nómadas Maiben masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero, Tsiripus y Yaruros, con características que los hacen únicos en el mundo, se encuentran al borde de la extinción. Sus tradiciones ancestrales como recolectores y cazadores, que son la base de su sustento, están siendo severamente restringidas por las disidencias de las extintas Farc, en particular por el bloque ‘José María Córdoba’ del Comando Conjunto de Oriente. Esta estructura armada ha invadido su territorio y ejercido prácticas de control que han contribuido a la drástica reducción de la población, poniendo en riesgo la riqueza étnica y cultural del país.
Según la Alerta Temprana No. 20/24 de la Defensoría del Pueblo, en los municipios de Hato de Corozal y Paz de Ariporo, en Casanare, 10 pueblos indígenas organizados en 15 comunidades ubicadas en la extensa llanura se encuentran ante un riesgo inminente, no solo de graves violaciones a los derechos humanos, también de amenaza a su identidad debido al ingreso de las disidencias.
Los diez pueblos indígenas que habitan el resguardo Caño Mochuelo, entre ellos los seis nómadas y cuatro sedentarios (sikuani, piapoco, sáliba y amorua), que gozan de especial protección constitucional, han visto drásticamente reducida su población y se encuentran al borde de la extinción. Las cifras más preocupantes corresponden a los pueblos nómadas. El pueblo Wamonae está compuesto por cerca de 1.000 personas; el Maiben Masiware por aproximadamente 500, y los pueblos Tsiripus, Yaruro y Yamalero (mayaleros) tienen menos de 150 integrantes.
Desde finales del 2023, la Defensoría tuvo conocimiento de la incursión de las facciones disidentes en el territorio indígena. El frente José María Córdoba se había replegado inicialmente en el norte del departamento de Casanare, ocupando los territorios que antes estaban dominados por las extintas Farc, y fueron estableciendo campamentos en los resguardos indígenas, cuya ubicación estratégica facilita la creación de corredores para el tráfico de droga y material de guerra.
Así mismo, se advierte en la Alerta, los pueblos indígenas son utilizados como escudos humanos en la disputa que tiene casada las disidencias con el Eln.
La segunda situación de gravedad es la amenaza a la seguridad alimentaria y a las tradiciones culturales de los pueblos, producto del control ejercido por las disidencias. Este riesgo surge de la restricción de sus actividades tradicionales de caza, recolección y pesca, que son la base de su sustento. “Esta dinámica ha sido impuesta por las organizaciones armadas, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad de sus combatientes y de regular presuntos conflictos interétnicos entre las poblaciones campesinas que habitan las veredas aledañas al Resguardo y los pueblos indígenas de cultura nómada”, se lee en la alerta temprana.
Actualmente, se encuentra en marcha un Plan Integral de Reparación Colectiva en la comunidad, liderado por la Unidad para las Víctimas, como medida de contingencia para mitigar los daños que amenazan su preservación cultural. Sin embargo, ante la nueva amenaza de la acción armada, la Defensoría hizo un llamado al Estado colombiano para que, a través de sus instituciones, logre una ‘intervención urgente en el territorio’, de manera articulada y diferencial, considerando las particularidades de los pueblos de tradición nómada.
Con información de ElTiempo
