Un reciente informe de la Federación Nacional de Departamentos (FND) revela la preocupante expansión y consolidación de grupos armados ilegales en diversas regiones de Colombia, afectando la seguridad y el bienestar de numerosas comunidades.
Principales actores armados y su influencia territorial:
- Ejército de Liberación Nacional (ELN): Este grupo ha incrementado su presencia en departamentos como Arauca, Chocó y Norte de Santander, donde controla rutas estratégicas para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
- Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC): Con una estructura altamente organizada, las AGC dominan áreas en Antioquia, Córdoba y Chocó, enfocándose en el control de economías ilegales como la minería y el narcotráfico.
- Disidencias de las FARC-EP: A pesar del acuerdo de paz de 2016, facciones disidentes continúan operando en regiones como Caquetá, Putumayo y Nariño, financiándose principalmente del narcotráfico y la minería ilegal.
Impacto en las comunidades locales:
La presencia de estos grupos ha generado múltiples crisis humanitarias. Por ejemplo, en el Chocó, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han provocado desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades afrocolombianas e indígenas. En el Catatumbo, Norte de Santander, la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC ha intensificado la violencia, afectando gravemente a la población civil.
Respuesta del gobierno y desafíos actuales:
Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro ha implementado la política de «paz total» para negociar con estos grupos, los resultados han sido limitados. Human Rights Watch informó que, a pesar de estos esfuerzos, los grupos armados ilegales han ampliado su control territorial, intensificando las violaciones contra la población civil.
La comunidad internacional, incluida la ONU, ha expresado preocupación por la consolidación de estos grupos y su impacto en la seguridad y los derechos humanos en Colombia. El informe anual de la ONU sobre Colombia en 2024 destacó la persistente violencia y la necesidad de una acción gubernamental más efectiva para proteger a las comunidades afectadas.
Este panorama subraya la urgencia de fortalecer las instituciones estatales en las regiones afectadas y de implementar estrategias integrales que aborden las causas profundas del conflicto armado en Colombia.
