Un grave riesgo a la independencia corporativa e incluso a la confiabilidad del servicio que actualmente presta a los metenses, advirtieron accionistas minoritarios de la Electrificadora del Meta (EMSA), al expresar preocupación frente a decisiones que podrían afectar la estabilidad, la transparencia y el futuro de una de las empresas más relevantes para la región.
Se trata de una propuesta de reforma estatutaria, promovida por el Ministerio de Hacienda como accionista mayoritario de EMSA, para introducir cambios al gobierno corporativo de la Electrificadora e incluso para modificar los mecanismos de selección y escogencia de figuras clave para la entidad como el gerente, además de crear estrategias para centralizar decisiones que se vienen tomando de forma independiente y han demostrado notables éxitos empresariales para la entidad.
En plena época electoral, la Electrificadora del Meta (EMSA) enfrenta una propuesta de reforma estatutaria que amenaza con desmantelar los avances logrados en su gobierno corporativo.
La compañía, que ha registrado mejoras significativas en su desempeño financiero y operativo, pasó de una utilidad prevista de -1.012 millones de pesos en 2024 a una proyección de cierre de $80.000 millones para 2026. «Estos resultados reflejan un proceso de fortalecimiento institucional que ha generado estabilidad y eficiencia en la empresa», expresan analistas del sector energético para esta zona del país.
Bajo este modelo sólido de gobierno corporativo, EMSA contaba con un miembro independiente en la Junta Directiva y había seleccionado a su gerente general mediante una empresa caza-talentos, garantizando objetividad, profesionalismo y contrapesos institucionales.
La propuesta de reforma, que promueve el Ministerio de Hacienda como accionista mayoritario (con el 55,67% de las acciones), busca eliminar estos mecanismos y concentrar decisiones, debilitando la independencia y los controles que han sustentado el desempeño reciente de la compañía.
Estos cambios han generado preocupación entre accionistas minoritarios, como el Grupo Energía Bogotá (19,2%) y el Departamento del Meta (22,13%), quienes advierten sobre los riesgos para la transparencia, la sostenibilidad y la estabilidad institucional de EMSA.
La compañía se encuentra en un momento clave de consolidación financiera y operativa, y la discusión estatutaria del 25 de marzo será decisiva para el futuro de su gobierno corporativo y su capacidad de seguir brindando un servicio de energía eficiente y confiable a los habitantes del Meta.
