A través del recientemente reestructurado Instituto Financiero Empresarial de Yopal (IFEY), el gobierno de Luis Eduardo Castro concesionó por 25 años la operación de la planta de beneficio animal municipal (el popularmente conocido como «matadero»).
El documento fue suscrito entre el ente municipal y una empresa denominada «Consorcio PBSR Yopal 2023» y aunque su valor real no se conoce (pues en una de sus cláusulas dice que el «modelo financiero no es objeto de publicidad y debe ser construido por el futuro concesionario), la única cifra que se cita en el documento es que la sanción en caso de incumplimientos será de mil millones de pesos.
La concesión había sido advertida por sectores de oposición en el Concejo municipal donde se tramitó gracias a las «mayorías» de la administración, el proyecto de acuerdo para trasladar la administración de la PBAR Municipal de la jurisdicción de la Secretaría de Desarrollo Económico y ponerla bajo la órbita del IFEY, todo lo cual facilitó el trámite de concesión.
Según las cláusulas de la concesión, el valor del contrato es «indeterminado pero determinable», lo que para críticos de dicha decisión implica que el municipio hizo un negocio sin saber a ciencia cierta sus condiciones de rentabilidad.
Sobre este punto, uno de los apartes del documento consigna que mensualmente (los primeros 15 días de cada mes) el concesionario deberá pagar el 4% mensual de participación sobre la utilidad neta de la operación de la PBAR.
El concejal Leonardo Infante, rechazó abiertamente la decisión y dijo que fue una decisión de privatización «a escondidas de la gente» como acostumbra el Alcalde y ya lo hizo con temas como los residuos sólidos, el terminal de transportes, la planta PTAR además de la carga de endeudamiento que está dejando para los próximos años como herencia fiscal para el municipio.
(VER VIDEO)
