Un reciente estudio de la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el impacto económico del freno a la explotación de carbón térmico en Colombia. El informe evidencia una caída significativa en indicadores clave como el PIB minero, la inversión extranjera, las exportaciones y las regalías.
Entre 2023 y 2024, el Producto Interno Bruto del sector minero se redujo en 9,52%, reflejando el debilitamiento de una de las principales actividades económicas del país.
El golpe más fuerte se registra en la inversión extranjera directa, que se desplomó un 60,8%, pasando de 3.442 millones de dólares a 1.349 millones en un solo año. A esto se suma la caída de las exportaciones mineras, que descendieron 48,82%, evidenciando la pérdida de dinamismo del sector.
Las regalías, clave para la financiación de proyectos regionales, también sufrieron un fuerte impacto: se redujeron en 63,16%, al pasar de 8,1 billones a 2,8 billones de pesos. Este desplome confirma la alta dependencia fiscal del país frente al carbón térmico.
El informe advierte que los cambios en la política minera —como mayores cargas tributarias, restricciones a la exportación y desincentivos a la explotación— han incidido directamente en estos resultados, afectando tanto la competitividad como las finanzas públicas.
Además, se evidencia un deterioro en la confianza de los inversionistas internacionales. El índice de atractivo minero del Instituto Fraser cayó de 72,29 en 2020 a 44,3 en 2024, reflejando un entorno menos favorable para nuevos proyectos.
Pese a este panorama, la Contraloría reconoce el potencial de otros minerales como cobre, níquel, oro y tierras raras. Sin embargo, advierte que estos proyectos aún están en etapas iniciales, por lo que no podrán reemplazar en el corto plazo el peso económico del carbón.
Ante este escenario, el organismo de control plantea un mensaje claro: la transición energética debe ser gradual, planificada y acompañada de una estrategia que garantice la estabilidad fiscal y la competitividad del país.
