Más de 15 años le tomó a la Fiscalía General de la Nación, consolidar una “investigación” sobre los desmanes administrativos que cometió Helí Cala López durante el tiempo que ocupó la Gobernación de Casanare como mandatario encargado (marzo 2005 a septiembre 2006) y que ya en marzo de ese año (2006), EL NUEVO ORIENTE había advertido en medio de una acérrima persecución desatada contra este medio informativo.
Ahora, en 2021, el ente investigador da cuenta de que mediante “labores investigativas” se “pusieron al descubierto supuestas irregularidades de contratación que se habrían presentado entre 2005 y 2007 en Casanare.
Según la Fiscalía, sus “investigaciones dan cuenta de que el 4 de agosto de 2005, el entonces gobernador, Helí Cala López, suscribió un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), cuyo objeto era ‘la cooperación y asistencia técnica para la coadyuvancia en la gestión de programas y proyectos que se consideraron viables para el plan de desarrollo del departamento’”.
Agrega el ente investigador que: “mediante esta figura, el organismo internacional celebró 59 cartas, acuerdos o contratos de obra, adecuaciones, suministro y adquisición de bienes, entre otros conceptos, por más de $94 mil millones, que correspondían a recursos públicos”.
Y prosigue: “para la Fiscalía, la contratación de obras y otras necesidades básicas para los municipios de Casanare debía ser asumida por los entonces gobernadores, mediante procesos de selección y adjudicación como lo establece la ley. En ese sentido, dicha responsabilidad no podía cederse a un tercero, más aún, cuando había de por medio dineros del departamento”.
También sostiene que: “adicionalmente, el material indica que en uno de los acuerdos o cartas, el número nueve, que contempló continuación de la construcción del matadero regional en Paz de Ariporo, se presentó un posible detrimento patrimonial”.
Tal matadero, hoy en día, es una obra inconclusa que pretende ser utilizada por la administración municipal como albergue temporal para ciudadanos venezolanos. (VER FOTO ACTUAL).
Asegura la Fiscalia que: “dicho proyecto fue entregado al Consorcio Construcciones M.V., al que le fue pagado un anticipo de 50% del valor total del contrato ($1.411’379.265). Los testimonios y otros elementos permitieron conocer que, a través de diferentes maniobras, la suma del anticipo, algo más de $600’000.000, habría llegado a manos del gobernador de la época, Helí Cala López”.
Debido a esta situación, “un fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador Cala López por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación”.
Según la Fiscalía: “el exmandatario participó en la firma del convenio con el organismo internacional y avaló 57 de los 59 acuerdos o cartas suscritos. Adicionalmente, hay indicios de que, supuestamente, se quedó con recursos del departamento”.
A propósito de estas denuncias, llama la atención la lentitud del ente acusador en formalizar una acusación sobre hechos que todavía califica como “presuntos”. Los hechos, tal como consta en la publicación de EL NUEVO ORIENTE de marzo de 2006, ya los había advertido este periódico como un caso grave de corrupción, incluso en medio de una aguda persecución desatada en contra del medio por el gobernador de la época.
En cuanto al exgobernador Whitman Herney Porras Pérez, encargado de la administración entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007, la Fiscalía dijo que fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Estaría involucrado en los dos últimos acuerdos o cartas celebrados por la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB)”.
El ente investigador agregó que “este proceso investigativo se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal)”.
