Hace apenas unos dias, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó la comparecencia de Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, tras revelaciones realizadas por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, exlíder del Clan del Golfo, en las que señaló la posible relación entre contratos de la institución y la Gobernación de Casanare, presuntamente destinados a favorecer a grupos paramilitares.
En dicho contrato, cuya resolución unilateral fue emitida en 2004, se menciona al entonces gobernador Miguel Ángel Pérez Suárez como el suscriptor del acuerdo por parte de la Gobernación, para acordar la supuesta construcción de un hospital, cuyos fondos habían terminado en poder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
William Pérez (2003), Miguel Ángel Pérez (2004), y Raúl Flórez «2008», tres de los ex gobernadores de Casanare, señalados por «Otoniel«
FUERON VARIOS CONTRATOS
En noviembre de 2002, el entonces gobernador de Casanare, William Hernán Pérez, y Sergio Manuel Hernández Gamarra suscribieron un contrato interadministrativo en el cual la Universidad se comprometía a ejecutar labores de interventoría técnica, administrativa y financiera en varios proyectos del plan de desarrollo del departamento. Estos proyectos incluían la “construcción de alcantarillado de aguas lluvias en los municipios de Yopal y Monterrey, construcción de acueductos en los municipios de Paz de Ariporo y Maní, y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Villanueva”.
El valor del contrato se fijó inicialmente en $2.635 millones, pero, tras varias adiciones, terminó en más de $6.300 millones. En diciembre de 2002, se firmó otro contrato que originalmente era por $23.000 millones, pero que finalmente alcanzó los $121.000 millones, comprometiendo a la universidad en la gestión de recursos para diversas obras de infraestructura.
LA CAIDA DE LA ALIANZA CRIMINAL
La situación se complicó en agosto de 2003, cuando los entre de control evidenciaron que la Universidad de Cartagena no contaba con la infraestructura necesaria para cumplir con los contratos, los cuales presentaban significativos sobrecostos.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia señaló que la universidad carecía de la capacidad administrativa, económica, técnica y logística para llevar a cabo los proyectos, lo que llevó al rector a suscribir un contrato de consultoría con la Sociedad de Servicios de Ingeniería Limitada (SDI) por $1.000 millones.
La Corte también indicó que la contratación directa realizada por la Universidad de Cartagena era “abiertamente ilegal”, pues las actividades a cumplir no tenían relación con su objeto institucional. Para la corte, “la Universidad actuó como intermediaria en una triangulación ilícita, burlando el régimen contractual previsto en la Ley 80 de 1993” y como resultado de estas irregularidades, Hernández Gamarra fue sancionado con una multa de $834 millones por los perjuicios causados al departamento de Casanare.
Además, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena a 15 años de prisión contra el exrector por delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
¿Qué dice la Universidad?
Tras ser mencionada como una de las instituciones usadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para quedarse con recursos públicos, la Universidad de Cartagena emitió un comunicado en el que señalan que los hechos mencionados ocurrieron en el año 2002 y “fueron objeto de investigación y juicio, mediante decisión contenida en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, el nueve (09) de julio del dos mil catorce (2014)” agrega que “es una situación que atiende a la responsabilidad personal de funcionarios de la época y no involucra el buen nombre de la institución».
Han pasado más de 10 años y la JEP considera fundamental corroborar la información suministrada por el ex cabecilla y ha determinado que “el testimonio del exrector Hernández Gamarra resultaría clave para avanzar en las investigaciones”. En ese sentido, se espera que el exfuncionario aclare los hechos y aporte elementos probatorios que permitan esclarecer la presunta vinculación de la Universidad de Cartagena y algunos exgobernadores de Casanare con las AUC.
