Un férreo llamado hizo la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez a gobernadores, alcaldes y gerentes públicos del país, a través de una carta, para que administren con sensatez y probidad los recursos públicos, en medio de la emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19.
Los conminó a estar a la altura de la crisis que afronta el mundo y a ser estrictos en el manejo de los contratos. “Es infame aprovechar la emergencia para dilapidar los recursos públicos, el dinero de todos los colombianos”, señaló frente a las recientes denuncias de irregularidades en algunas regiones.
Les recordó, además, que el uso indebido de la contratación de urgencia, constituye una causal de mala conducta, con consecuencias disciplinarias, fiscales, administrativas y penales. “Tenemos frente a nosotros el enorme desafío de devolverle a los colombianos la confianza en sus instituciones, a través del fortalecimiento y el respeto irrestricto al principio de legalidad que inspira nuestra Constitución y los valores morales y democráticos que soportan nuestro Estado Social de Derecho”, reza la misiva.
En este sentido, resaltó la disposición de su Despacho para acompañarlos en el cumplimiento de altos estándares de transparencia y legalidad en los contratos de excepción que deban suscribir para agilizar el suministro de bienes, prestación de servicios o la ejecución de obras requeridas para combatir el coronavirus. “Los invito a informar a la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, los contratos relacionados con la contingencia del virus, los que ha celebrado y los que vaya suscribir, incluida la identificación de cada proponente seleccionado y del supervisor designado, así como sus características de idoneidad”, indicó.
En la carta, la Vicepresidenta enumera lineamientos fundamentales que deben tener en cuenta los administradores de departamentos y municipios del país, para efectos de contratación. Por ejemplo, recalca que “los gobernantes deben dejar expresamente explicado en el contrato de emergencia, la necesidad directa del bien o servicio para el manejo de la crisis y deben asegurarse de que cada contrato cuente con el correspondiente supervisor, para hacer seguimiento estricto al resultado, anticipándose en la adopción de los ajustes necesarios para evitar una indebida contratación pública”.
Resalta que es obligatorio, para la debida transparencia, que en cada contrato, el alcalde o gobernador, relacione todos los bienes que compra, o servicios que contrata, el precio desagregado de ellos, así como las razones y evidencias por las cuales los seleccionó de todas las ofertas y proponentes.
La Vicepresidente se refiere, además, a la necesidad de darle a conocer a la ciudadanía -a través de todos los canales de comunicación disponibles- la información de los contratos, para el debido control social, en consonancia con la política de un Estado abierto.
Los exhorta a implementar la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA-, para que un funcionario honesto y competente, haga la tarea de recoger las denuncias o inquietudes de la ciudadanía, mediante el canal o correo electrónico dispuesto para tal fin, con el apoyo de la Secretaría de Transparencia.
Finalmente, afirma que confía en la rectitud y el compromiso de cada uno de los gobernantes locales, con todos los colombianos, en medio de una de las crisis más profundas que ha afrontado el mundo entero. “Estamos seguros del interés que les anima para enfrentar con prontitud y eficiencia un mal que azota a toda la población, lo mismo que del compromiso adquirido para brindar mayor transparencia a las actuaciones del Estado colombiano y para luchar de manera efectiva contra la corrupción”.
