Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía Seccional Arauca, permitieron identificar a dos hombres como presuntos integrantes del Frente Martin Villa de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en la retención de diez empleados de una empresa de energía.
Jaime Alberto Jiménez Montoya, alias Pupis, y Leonardo Andrés Hernández Alarcón, alias Lucho, fueron capturados en un operativo conjunto entre la Fiscalía y las Fuerzas Militares el 6 y 11 de mayo reciente. El primero, en la vía Arauca – Arauquita (Arauca) y el segundo, en Yopal (Casanare).
El material probatorio recolectado en contra de los procesados los vincula en la detención de diez personas de una empresa contratada para adelantar un trabajo en las eléctricas en la Brigada 18 de Arauca, cuando se movilizaban por La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita (Arauca), el 8 de junio de 2020.
Los investigados hicieron descender a los hombres de los vehículos en que se desplazaban y retienen a un contratista y a un conductor, quienes son llevados hasta junto con los vehículos hasta la vereda Los Pájaros, jurisdicción del municipio de Arauquita (Arauca). Allí le exigen a la empresa, al parecer, el pago del 5% del valor del contrato y 20 millones por cada camioneta que se movilice por las vías del departamento.
Así mismo los otros ocupantes de los vehículos fueron llevados hasta un hotel de La Esmeralda, siendo vigilados por otros miembros de dicho grupo, mientras adelantaban las negociaciones para el pago de las exigencias económicas solicitadas; el 12 de junio fueron dejados en libertad para así retornar a sus residencias.
Este frente tiene injerencia delictiva en el departamento de Arauca y el estado de Apure (Venezuela) y están dedicados al narcotráfico y a extorsionar comerciantes y ganaderos de ambos países.
Por estos hechos la Fiscalía les imputó cargos a alias Pupis por los delitos de toma de rehenes, hurto calificado y agravado y rebelión. Alias Lucho fue judicializado por hurto calificado, extorsión y rebelión. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
