Más de un año y dos meses le tomó al Juzgado 3o Penal del Circuito, completar la audiencia de acusación contra tres exfuncionarias de la Secretaría de Tránsito de Yopal y una exempleada de la Concesión SETTY, acusadas de media docena de delitos, relacionados con una red de cobros para desaparecer o atenuar los pagos de millones de pesos por multas y sanciones de comparendos por embriaguez.
Según un pormenorizado relato de la Fiscalía 13 Seccional de Delitos contra la Administración Pública, la red funcionó de los años 2014 a 2016, y en ella participaron Indira Yadarlin Garrido, Rocío Socorro Martínez Prieto, Jessica Yadira Salamanca Chipiaje y María Claudia Molina Rincón.
Tres de ellas, incluida la Inspectora de Tránsito de la época, quedaron al descubierto luego de que la entonces Secretaria de dicha dependencia, Martha Mojica, pusiera en conocimiento de las autoridades presuntas irregularidades en el trámite y cobro de multas aplicadas a conductores sorprendidos en estado de embriaguez.
Las presuntas irregularidades también fueron reveladas por un informe de auditoría de la Contraloría que encontró extraños procedimientos que terminaron con la elaboración de actas irregulares para precluir multas o cambiar la codificación del comparendo por infracciones de menor gravedad que la embriaguez al conducir.
Según pruebas documentales y testimoniales, las exfuncionarias implicadas en el llamado «cartel del comparendo», recibían plata de ciudadanos para alterar los archivos digitales de los comparendos, e incluso con la intermediación de algunos agentes de tránsito (cuyos nombres reposan en el proceso) eran destinatarias de pagos para realizar actas ficticias y «desaparecer» las multas.
Las coimas exigidas oscilaban desde 1,5 millones hasta 6 millones, según la gravedad de la infracción.
Los cálculos más conservadores sobre los montos de dinero que la administración dejó de recaudar por la manipulación a favor de los infractores, llegan hasta los $792 millones.
Surtido el trámite, Garrido, Martínez, Salamanca y Molina, fueron acusadas formalmente de peculado por apropiación, en concurso con cohecho propio, concusión, prevaricato por omisión, supresión de documento privada y falsedad en documentos públicos, en circunstancia de menor punibilidad.
El Juez fijó los días 18 de junio y 3 de julio para realizar las audiencias preparatorias, en desarrollo del juicio que se da pues ninguna de las acusadas, aceptó responsabilidad en los delitos.
El togado, también advirtió que no admitirá solicitudes de aplazamiento y llamó a las partes (defensores, Fiscalía y acusadas) a cumplir las fechas para agilizar el juicio en un tema que cumple 5 años de la presunta irregularidad y sobre el cual en marzo de 2018 se produjeron las primeras capturas.
