En Arauca, el Ejército Nacional, como apoyo a la Fiscalía General de la Nación, desarticula centro logístico de la Estructura 10 Guadalupe Salcedo, disidencias FARC, según reporte de las autoridades militares.
Los hechos se dan mientras se realizaban labores de registro y allanamiento en contra de los delitos de extorsión y secuestro que afectan a los municipios de Tame y Puerto Rondón, en Arauca, a cargo de la estructura ilegal que según inteligencia militar lidera Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Héctor Aguilar o Pescado.
El hallazgo de diverso tipo de material de guerra e intendencia, ocurre en las veredas La Esmeralda, el Palmar y Las Nubes, de los municipios de Tame y Puerto Rondón, donde tropas militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón, la 18a Brigada y Gaula Militar Arauca, en apoyo a una diligencia de registro y allanamiento de la Fiscalía, sostienen contacto armado con combatentes irregulares.
Posterior a los choques, presuntos integrantes de la estructura huyeron y dejaron abandonado abundante material de guerra, intendencia, comunicaciones, material de explosivos, víveres, vehículos para su transporte y movilidad.
Se presume que en uno de estos sitios operaba una de sus áreas y centro logístico más importantes, incluso para citar a la población civil de los diferentes gremios para el cobro de extorsiones y secuestros en Arauca, Casanare y Boyacá.
El parte militar indica la incautación de: 450 unidades de munición de distintos calibres, 2 proveedores para fusil, 106 prendas de vestir entre camisas, pantalones, gorras camufladas, botas de caucho y 2 banderas con emblemas ilegales de FARC-EP, una antena satelital, 8 celulares, 2,5 toneladas de víveres; además, 4 camionetas, un automóvil y 2 motocicletas.
El lugar era usado también para almacenar material explosivo.
Se encontraron allí 45 kilogramos de pólvora negra, 300 detonadores eléctricos, cordón detonante y un flash de cámara de fotografía, insumos con los que se fabricarían más de 400 artefactos explosivos que serían usados para atentar contra la vida de la población civil y de los soldados.
El material incautado fue dejado bajo la disposición de la autoridad competente para los procesos judiciales correspondientes.
