Acciones jurídicas para oponerse a un fallo del Consejo de Estado que confirmó la pérdida de investidura de la diputada de Casanare, Lady Patricia Bohórquez Peña, anunció la afectada con la medida que confirma una sentencia que en marzo del año pasado impuso en su contra el Tribunal Administrativo de Casanare.
En este caso, la demanda se le interpuso por haber participado en la elección de Contralor Departamental (encargado), cuando tenía pendientes investigaciones de responsabilidad fiscal en dicho órgano de control y que estaban activas en su contra, por irregularidades que cometió cuando fue alcaldesa de Pore.
La dirigente política, que también enfrenta otro proceso igualmente fallado en su contra, anunció una tutela como primer mecanismo de oposición al fallo del Consejo de Estado.
Esta decisión, implicaría que la actual Presidenta de la Asamblea, fuera castigada con “muerte política”.
La actuación contra la exalcaldesa de Pore, se originó luego de que ella votara en la elección de un Contralor encargado, trámite para el que se le advirtió que no podía participar por estar vigente en su contra un proceso de responsabilidad fiscal, asunto que se surte ante la Contraloría Departamental de Casanare.
«Al no declararse impedida para votar, la diputada incurrió en una causal de pérdida de investidura, tal como lo reza el artículo 48, parágrafo 1, de la Ley 617 de 2000, por un evidente conflicto de intereses», reza la demanda interpuesta contra la Diputada por Camilo Andrés Delgado Garzón.
En el proceso en referencia, PRF 1872, iniciado en junio de 2017, le fue notificada apertura de investigación fiscal, en octubre de 2017, vinculándola como responsable fiscal, actuación en la que incluso ella presentó descargos.
A pesar de ello, durante la elección de la mencionada Contralora (en enero de 2020), la diputada Lady Patricia, incluso a pesar de que existían documentos que certificaban la existencia de dichos procesos, negó tal situación. Lo que, en consideración de los magistrados e incluso de la Procuraduría, configuran una mala intención en la actuación de la exalcaldesa poreña.
Es más, días después de la elección de la Contralora, concretamente el 16 de enero pasado, Lady Patricia pagó a la Contraloría la suma de $4.675.276, con el objetivo de que cesaran los efectos de dicha investigación, situación que en efecto fue acogida por la Contralora que la diputada ayudó a elegir.
Así las cosas, el Tribunal encontró evidente el interés «directo, personal y de carácter económico» de Lady Patricia Bohórquez para la elección de quien posteriormente certificó que cesaba el juicio fiscal en su contra.
En su fallo, el Tribunal pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría, evaluar el ocultamiento de dicha información, debido a que Lady Patricia (en defensa de su actuación) allegó certificaciones donde no se mencionaba el citado proceso fiscal y las cuales fueron emitidas por funcionarios de la Contraloría.
