El abogado Hollman Ibáñez Parra fue designado como conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE) para intervenir en el proceso que definirá la participación del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista prevista para marzo. Se trata de una decisión de alto impacto político que ha concentrado la atención pública y mediática.
La designación se produce en un contexto de intensos debates sobre la transparencia, la imparcialidad y los posibles conflictos de interés dentro del sistema electoral colombiano. En ese marco, la presencia de Ibáñez Parra en el CNE ha suscitado cuestionamientos relacionados con su trayectoria profesional, que incluye vínculos con firmas jurídicas que han representado a actores políticos en litigios de alto perfil, así como su actuación como apoderado en procesos judiciales complejos.
De manera paralela, otra controversia política cobró relevancia tras la admisión de una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez, del Partido Liberal. El Consejo de Estado dio trámite a la acción judicial presentada por un ciudadano que sostiene que algunos integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista no cumplían funciones efectivas ni en el Congreso ni en el departamento, residían en otras regiones del país y aun así recibían remuneración con recursos públicos, lo que podría configurar una presunta destinación indebida de dineros oficiales.
Según el demandante, supuestos vínculos personales o familiares entre algunos asesores y el abogado Hollman Ibáñez Parra habrían motivado la solicitud de explicaciones y soportes contables al congresista. No obstante, estas afirmaciones aún no han sido evaluadas ni validadas judicialmente.
El representante Archila ha negado las acusaciones y las ha calificado como una estrategia de desgaste político impulsada por intereses contrarios a su gestión, mientras el proceso continúa su curso en la alta corte.
La confluencia de ambas controversias —el rol de Ibáñez Parra en un caso de impacto electoral y la investigación por un eventual uso irregular de recursos en una UTL parlamentaria— pone de relieve las tensiones actuales en torno a la integridad de los procesos electorales y de control político en Colombia.
