“Estamos ejerciendo una actividad legal, que tiene reglamentaciones y es un bien público que se cobra por igual a todos los estratos de ciudades mayor a 5.000 habitantes”, explicó Camilo Bolívar, representante de la empresa GREEN ENERGY una de las empresas a cargo de la recuperación.
La Superintendencia (entidad que nos vigila) realizó unos aplazamientos, es decir, se tomó un tiempo para verificar la información que se entregó sobre la cantidad de las toneladas que se reportan ante el SUI, y eso generó un represamiento de los cobros mes por mes.
Esa revisión de la Superintendencia terminó en marzo y ahí entonces dieron la autorización para cobrar de manera retroactiva pero la situación ya se normaliza y desde los próximos cobros pasaremos de los $10.530 pero volverá a los $3.498, incluso, $600 por debajo de la tarifa que se venía cobrando.
El vocero de la entidad agregó que es comprensible la inquietud de la comunidad, pero esto es algo parecido a lo que ocurre con el barrido de calles: se trata de un servicio considerado como “bien público” y así está reglamentado.
