Yopal enfrenta una alerta por presuntas prácticas ilegales en la venta de terrenos. Según un comunicado anónimo dirigido a medios de comunicación y la ciudadanía, algunos urbanizadores estarían promoviendo la venta fraudulenta de «derechos de cuota», una figura que no otorga propiedad individual sobre un lote específico.
Modus Operandi de los Urbanizadores Ilegales
De acuerdo con la denuncia, estos vendedores ofrecen terrenos bajo un esquema de propiedad compartida (proindiviso), engañando a compradores al hacerles creer que adquieren un lote con linderos definidos. Sin embargo, la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante el radicado SNR2025EE020162, advierte que este tipo de contrato solo concede un porcentaje de propiedad en comunidad y no sobre una parcela individualizada.
Además, la venta de terrenos requiere licencias urbanísticas, según el artículo 7° de la Ley 810 de 2003. Los promotores irregulares evadirían este requisito, poniendo en riesgo a los compradores.
Peligros para los Inversionistas
Las personas que adquieren estos «derechos de cuota» pueden enfrentar serios problemas legales y financieros, ya que:
No poseen un terreno físico individual, sino solo una cuota abstracta de la propiedad.
Las construcciones en estos terrenos no tienen respaldo legal, lo que podría derivar en pérdidas económicas y desalojos.
Solo la Alcaldía y la Curaduría Urbana pueden aprobar proyectos de urbanización según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Llamado a la Ciudadanía
El comunicado insta a la comunidad ser cautelosa y exigir documentos como la licencia urbanística y escrituras con linderos claros antes de realizar una compra.
Asimismo, se exhorta a denunciar cualquier oferta sospechosa ante la Fiscalía o la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011 sobre protección al consumidor.
Exigen Acciones Contra los Responsables
El mensaje final subraya la importancia de proteger el patrimonio de las familias y el ordenamiento territorial de Yopal. Se hace un llamado a las autoridades para investigar y sancionar a quienes incurran en estas prácticas, recordando que «ser dueño de una cuota no equivale a ser propietario de un terreno concreto».
Este caso resalta la necesidad de una mayor vigilancia en el sector inmobiliario por parte de las autoridades administrativas, para evitar que más ciudadanos sean víctimas de estafas.
