Una reciente acción de tutela presentada por la Alcaldía del municipio de Maní (Casanare) contra la propia Inspección Urbana de Policía ha destapado una controversia jurídica y política que revela aparentes fracturas internas en el manejo de la autoridad administrativa y de policía local. La historia gira en torno a presuntas irregularidades en comparendos impuestos a establecimientos comerciales, el tratamiento de datos personales y denuncias de presiones indebidas desde la administración.
📍 LOS HECHOS: Cronología del conflicto
🔹 10 y 11 de mayo de 2025
Se imponen tres órdenes de comparendo a bares del municipio por violar el horario de cierre estipulado en el Decreto Municipal 007 y 008 de 2025. Los establecimientos son: Barinas Acapulco, Julianita Evelin y África (Propiedad del concejal Edinson Silva, quien ha sido un fuerte crítico de la administración municipal)
La Policía Nacional realiza los procedimientos con documentación, actas, videos e imágenes, según consta en los expedientes.
🔹 14 de mayo de 2025
La Inspectora Urbana de Policía, Yolanda Eugenia Saavedra Suárez, confirma las sanciones a los primeros dos establecimientos pero revoca la medida correctiva impuesta al bar África. Argumenta que no se cumplió con el requisito de levantar un acta conforme al artículo 222 de la Ley 1801, concluyendo que se vulneró el debido proceso del ciudadano implicado.
🔹 15 de mayo de 2025
El alcalde Ferney Chaparro Perdomo, como primera autoridad de policía, solicita a la Inspectora un informe detallado de todos los comparendos realizados en 2024 y 2025, incluyendo soportes, descargos y decisiones administrativas. También pide revocar de forma directa el comparendo 2025-252 del bar África.
🔹 27 de mayo de 2025
La Inspectora responde negándose a entregar los documentos solicitados, alegando reserva de la información conforme al artículo 24 de la Ley 1755 de 2015. Sostiene que el alcalde no tiene autorización para acceder a datos protegidos por ley.
🔹 28 de mayo de 2025
La Alcaldía interpone una acción de tutela contra la Inspectora, por presunta vulneración a los derechos fundamentales de petición y debido proceso, solicitando al juez que la obligue a entregar la información requerida y a responder de fondo sobre la revocatoria directa.
⚖️ EL DEBATE JURÍDICO Y EL FALLO
12 de junio de 2025
El Juzgado Promiscuo Municipal de Maní emite la Sentencia No. 44, en la cual niega la tutela interpuesta por la administración municipal. El fallo concluye que la Alcaldía dispone de otros mecanismos legales y administrativos –como la revocatoria directa ya en trámite– y que, por tanto, la tutela no es procedente por no cumplir el principio de subsidiariedad.
El juzgado también consideró las posturas de la Personería Municipal, la Procuraduría Regional, la Policía Nacional y el representante del establecimiento África, quienes coinciden en señalar que la tutela no era el camino adecuado y que el procedimiento administrativo seguía su curso ordinario.
🧑⚖️ LAS VOCES IMPLICADAS
▶️ Edison Andrey Silva Solano, administrador del bar África y actual concejal de oposición, denunció que la sanción en su contra fue usada como medida de intimidación por parte del Ejecutivo municipal. Acusó a la administración de intentar presionar ilegalmente a la Inspectora de Policía para fallar en su contra y de promover el uso indebido de datos personales, sin su consentimiento.
▶️ La Inspectora de Policía, por su parte, sostuvo que actuó con base en el marco legal, revocando las sanciones por falta de sustento jurídico y vulneración al debido proceso. Insistió en que la información solicitada por la Alcaldía tenía restricciones legales de acceso.
🔥 POLÍTICA, DERECHO Y TENSIONES INSTITUCIONALES
Este caso no solo evidencia un conflicto jurídico, sino una clara tensión política e institucional en la administración de Maní. El intento del alcalde de acceder a expedientes sancionatorios bajo su calidad de “primera autoridad de policía” se enfrenta a los límites legales impuestos por la Ley de Protección de Datos y el debido proceso administrativo.
Mientras el juzgado insiste en agotar los canales ordinarios, el caso ha encendido un debate sobre el uso de la acción de tutela como herramienta de presión institucional y el respeto a la independencia de los órganos administrativos.
📌 CONCLUSIÓN
El litigio entre la Alcaldía de Maní y su propia Inspección de Policía representa un caso emblemático sobre los límites del poder local, la garantía de los derechos fundamentales y la transparencia en la administración pública.
Aunque la tutela fue negada, los hechos que la originaron podrían derivar en investigaciones de tipo disciplinario o penal en contra del mandatario y su asesor
