Una abogada con nexo de contratación mediante orden de servicio con la Gobernación de Casanare y vinculada a un bufete de profesionales del derecho que desde hace cerca de un año son investigados por un presunto caso de estafa modalidad masa y falsedad en documento público, fue capturada en la mañana de hoy por unidades del CTI de la Fiscalía que investigan maniobras al parecer fraudulentas en el cobro de amparos de seguros por accidentes de tránsito y siniestros viales.
En el hecho estarían próximos a ser capturadas entre cuatro y cinco personas más y se investiga un monto total de presuntos actos ilícitos valorados en $900 millones como cálculo preliminar.
La mujer cobijada por el procedimiento estaría vinculada por orden de servicio al área de presupuesto de la Gobernación bajo una orden con el objeto de «prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de las actas y resoluciones emanadas por el Consejo Departamental de Política Fiscal ‘CODFIS’ y realizar la protección de las demás actos administrativos de la Dirección de Presupuesto».
El contrato de OPS tiene fecha de inicio del 14 de enero y está vigente hasta el 13 de septiembre del presente año.
Según las investigaciones, la mujer estaría vinculada a una red de abogados en Aguazul que, en presunta complicidad con profesionales en otras ciudades, engañaban a víctimas de accidentes de tránsito.
El modus operandi era el siguiente: los implicados presuntamente contactaban a los afectados para ofrecerles sumas de dinero menores a las reales, mientras negociaban con las aseguradoras montos más altos y se apropiaban de la diferencia.
El esquema delictivo salió a la luz debido a la denuncia de la representante legal de la empresa quien fue quién descubrió las irregulares de esas personas capturadas y presentó la denuncia con la que se inicio la investigación.
Según su historia laboral, la mujer ha prestado servicios vinculados a la rama del derecho en dependencias públicas como: la Personería de Aguazul.
Cabe anotar que los actos por los cuales se le investiga no tendrían relación con su actual vínculo laboral con la administración departamental.
