Tres exgerentes del IDURY deberán responder por más de $6.700 millones. El fallo concluye que autorizaron desembolsos pese a las reiteradas advertencias sobre fallas técnicas, incumplimientos y riesgos para los recursos públicos. El detrimento patrimonial total supera los $11.346 millones y, actualizado, asciende a $18.718 millones.
La Contraloría General de la República profirió un fallo de primera instancia con y sin responsabilidad fiscal dentro del proceso por el proyecto de vivienda Torres del Silencio, en Yopal, uno de los casos más emblemáticos de presuntas irregularidades en la ejecución de recursos públicos destinados a vivienda de interés social en Casanare.
La decisión establece un daño patrimonial al Estado de $11.346 millones, que, indexado a mayo de 2026, alcanza los $18.718 millones, producto de la pérdida de recursos invertidos por la Gobernación de Casanare y el entonces Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY), hoy INDEV, para la construcción del proyecto habitacional.
Tras un extenso proceso de investigación, el organismo de control concluyó que varios funcionarios incurrieron en culpa grave al permitir que continuaran los desembolsos de recursos públicos, aun cuando la interventoría advertía de manera reiterada sobre incumplimientos del constructor, retrasos en la obra, problemas financieros, deficiencias constructivas y riesgos para la inversión estatal.
Los principales responsables
Entre los sancionados figuran tres exgerentes del IDURY, quienes, según la Contraloría, tenían la obligación legal de proteger los recursos públicos comprometidos en el convenio de cogestión y, pese a ello, continuaron autorizando pagos.
El exgerente Alexander Cortés Medina, quien dirigió el IDURY entre 2012 y 2015, fue declarado responsable fiscal por $2.946.068.706,80. El fallo señala que autorizó varias órdenes de pago a pesar de conocer los reiterados informes de la interventoría que alertaban sobre incumplimientos contractuales, atrasos significativos, deficiencias en la construcción y dificultades financieras del constructor. Para la Contraloría, esas decisiones facilitaron la salida de recursos públicos que debieron ser protegidos.
También fue declarado responsable el exgerente Rafael Nayib Fonseca Saad, quien deberá responder por $2.939.782.123,23. El organismo concluyó que incumplió sus deberes de vigilancia y protección del patrimonio público al seguir autorizando desembolsos pese a las advertencias técnicas existentes sobre el proyecto.
La tercera condena recayó sobre Didier Mauricio Montoya Campos, exgerente del IDURY, a quien se le atribuyó responsabilidad fiscal por $863.093.882,40. Según el fallo, autorizó siete desembolsos cuando ya existían múltiples alertas de la interventoría relacionadas con incumplimientos, retrasos, problemas financieros del constructor y deficiencias constructivas, actuaciones que la Contraloría considera determinantes para la materialización del daño patrimonial.
¿Qué encontró la Contraloría?
Más allá de las responsabilidades individuales, el fallo describe una cadena de decisiones administrativas que permitió que el proyecto continuara recibiendo recursos públicos pese al deterioro progresivo de sus condiciones técnicas y financieras.
La Contraloría sostiene que durante la ejecución del convenio existieron informes permanentes de la interventoría que advertían sobre el incumplimiento de obligaciones por parte del cogestor constructor, atrasos en la ejecución, problemas financieros y deficiencias estructurales. Sin embargo, dichas advertencias no impidieron que continuaran autorizándose millonarios desembolsos.
El organismo también señala que el proyecto terminó presentando patologías estructurales, una disminución considerable en su vida útil y afectaciones que comprometen la estabilidad de las edificaciones, situación que derivó en la pérdida de recursos provenientes del Sistema General de Regalías invertidos en la iniciativa habitacional.
Incluso, dentro del expediente se menciona como un hecho preocupante que la administración de los bienes del constructor Iader Wilhelm Barrios Hernández se encontraba bajo una medida cautelar adoptada por el Instituto de Vivienda de Paipa, circunstancia que, según la Contraloría, incidía en el manejo del proyecto y dificultaba su culminación.
También hubo absoluciones.
No todos los investigados fueron encontrados responsables.
La Contraloría emitió fallo sin responsabilidad fiscal a favor del exgobernador de Casanare Óscar Raúl Iván Flórez Chávez y del exdirector de Contratación Rodrigo Flechas Ramírez, al concluir que los hechos relacionados con presuntas falencias de planeación del proyecto no configuraban daño fiscal atribuible a sus actuaciones.
Igualmente, fueron absueltos el interventor Julián Javier Daza López, al no encontrarse acreditada culpa grave respecto de las imputaciones relacionadas con el cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10, y el supervisor Renso Daniel Huesa Sana, al considerar que no se demostraron los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad fiscal.
El proceso continúa.
La decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que aún proceden los recursos de ley. Una vez quede en firme, la Contraloría remitirá el expediente a la dependencia encargada del cobro coactivo e incluirá a los responsables en el Boletín de Responsables Fiscales. Además, notificará la decisión a la Procuraduría General de la Nación y a las entidades afectadas para las actuaciones administrativas correspondientes.
