Todo parece indicar que el “cartel de los traslados de usuarios” sigue vigente a través de actores distintos pero relacionados con el primer cartel que habría sido heredado por la actual Supersalud.
A partir de la denuncia formulada en los últimos días por la Red de Veedurías de Colombia Red-Ver, en contra del Superintendente de Salud Fabio Aristizábal y de su funcionario estrella José Oswaldo Bonilla Rincón, se ha develado nuevamente, después de un año en la que todas las autoridades hicieron caso omiso de la liquidación exprés de las EPS SaludVida, Comfacor, Emdisalud, entre otras, la presunta red de corrupción que data desde 2016 y que parece no acabar; el legado de Eva Carrascal continúa con el traslado a dedo de usuarios.
Todo parece indicar que el “cartel de los traslados de usuarios” sigue vigente a través de actores distintos pero relacionados con el primer cartel que habría sido heredado por la actual Supersalud a través de José Oswaldo Bonilla Rincón, quien trabajó de la mano con Eva Carrascal Delegada para Supervisión Institucional durante el 2016 y 2017, época de los actos de corrupción ya aceptados por la ex funcionaria. Llama poderosamente la atención, por decir lo menos, que el nombre de José Oswaldo Bonilla Rincón sale a relucir en todos los casos de liquidaciones exprés de EPS, IPS y traslados de usuarios autorizados por Eva Carrascal como delegado para la Supervisión de Riesgos y en los adelantados bajo el mando de Fabio Aristizábal como Delegado de Supervisión Institucional.
El modus operandi que al parecer, se repite una y otra vez, parte de la retención de giros directos de la Adres a las entidades afectadas, a la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados desde otras EPS, entre otras situaciones que van dirigidas de forma clara y concreta a llevarlas a crisis financieras inducidas desde la propia Superintendencia, precipitando con ello revocatorias territoriales de habilitación y revocatorias totales de habilitación, que derivan en el tan apetecido traslado de usuarios a partir de las Resoluciones, que en tal sentido emite el Superintendente Aristizábal, documentadas por el Superintendente Delegado para la Supervisión Institucional, José Oswaldo Bonilla.
Múltiples denuncias y quejas disciplinarias han sido presentadas por las Entidades afectadas, sustentadas en pruebas contundentes que parecen ser ignoradas por las autoridades quienes prácticamente han legitimado a Fabio Aristizábal como un “intocable”, a pesar de las evidencias de sus intereses desde el 2011 hasta la fecha en negocios de osteosíntesis; de sus vínculos con las sociedades RIGS S.A.S. e INVÍOS S.A.S., Guillermo Grosso, Fernando Granados, Gustavo Zambrano Triviño y COOSALUD, entre otras tantas otras situaciones irregulares, relaciones denunciadas desde hace más de un año sin que pase nada.
Revisando el traslado de usuarios ordenados por el Superintendente Aristizábal durante el 2019 y los realizados este 2020, aún en época de pandemia y los que pretende concretar a partir del primero de diciembre del presente año, salta a la vista un negocio redondo no sólo para las entidades receptoras sino también para quienes motivan y permiten esos traslados.
Veamos por qué:
Cuando se hacen los traslados de los usuarios la entidad receptora inicia una tamización para caracterizar a cada usuario, es ese el único momento en el que le ponen alfombra roja a esos usuarios mientras son reclasificados nuevamente con base en sus patologías. Ese proceso de caracterización masiva tarda entre dos y tres meses y el costo de dicha caracterización no supera el 30% de lo que la EPS recibe por las cotizaciones de esos meses de la UPC, por tratarse de atención de baja complejidad. Así las cosas, si se hace un ejemplo con un millón de usuarios que cotizan alrededor de $72 mil millones de pesos y se dice que durante el período de caracterización la entidad receptora se gasta solo el 30% de la UPC, el otro 70% se vuelve utilidad durante esos 2 o 3 meses. Esto representa sin lugar a dudas una caja que permite disfrutar de un negocio completamente redondo que alcanza, por supuesto, para cubrir con creces cualquier pacto realizado bajo la mesa con quienes autorizan los traslados.
No deja de ser curioso que durante la administración de Fabio Aristizábal los traslados de usuarios se realicen en un altísimo porcentaje a Nueva EPS y a Coosalud, a pesar de las públicas deficiencias de la primera y de las precarias condiciones de habilitación de la segunda en regiones en la que le han sido trasladados usuarios, en donde ni siquiera contaban con red.
Revisando técnicamente dichos traslados a esas dos EPS, estas quedan inmersas en una causal de inhabilitación financiera que se desprende de una sencilla ecuación “muchos usuarios, poca capacidad”. No obstante, el Superintendente Aristizábal viene lanzando salvavidas a EPS “amigas” con el decreto 1683 de 2019, de ajustes financieros a largo plazo, pero que no lo hizo valedero para las que liquidó en una misma semana en el 2019 y que ahora ha decidido cancelarles la habilitación en diversas regiones.
Es un daño irreparable el que está sufriendo el sistema de salud por el traslado a dedo de usuarios, que están siendo prácticamente traficados por este tipo de carruseles y que ven afectada la continuidad en la prestación de los servicios. Esto ha tenido consecuencias incluso mortales, como las ocurridas hace un año con el fallecimiento de los bebés, Ángela Andrea Granados, Isaac José Guevara y Julianys Guerrero, durante el improvisado traslado de los usuarios de SaludVida a otras EPS, casos que siguen sin resultado alguno en las investigaciones.
Hago un llamado al Señor Presidente de la República Iván Duque y a las autoridades competentes para que atiendan e investiguen las múltiples denuncias que existen en contra de esta presunta red de corrupción que se ha tejido alrededor de Fabio Aristizábal.
Presidente, aunque Aristizábal haya sido candidato al senado por su partido, no se compadece que el encargado que usted puso para que vigilara y controlara el sistema de salud, se vea involucrado en malversación de recursos que son para la atención de la salud de los colombianos.
¡Lo menos que debería hacer Aristizábal es separase de forma inmediata de su cargo mientras aclara su situación ante esas denuncias o… mientras retoma su temprana campaña al Senado de la República!
Por: Antonio Sanguino/ Senador de la República
