Por: Daniel Castillo Camacho, Economista investigador de Crudo Transparente

El Índice de Impacto de los Proyectos de Regalías – IIPR, que elabora Crudo Transparente desde 2019, busca medir el impacto socio económico de los proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías (SGR) en Bogotá y los 32 departamentos que Colombia. 

Para realizar la medición del IIPR en su versión 2020 se pusieron en consideración los mismos tres criterios generales de la versión anterior, pero con unos pequeños cambios en sus respectivas variables:

• Ejecución: Este criterio mide el progreso de los proyectos aprobados y su porcentaje de ejecución conforme a lo estipulado desde la aceptación de los mismos; para este fin se tuvieron en cuenta las variables de proyectos aprobados y ejecutados, junto con los porcentajes de avance financiero.

• Desempeño Económico: Este criterio mide los beneficios que ha podido percibir la población residente en el territorio analizado, utilizando tres variables. La primera, es la variación de la tasa de desempleo de la región desde la puesta en marcha del proyecto; la segunda, la producción total del territorio, medida por la variación del Producto Interno Bruto – PIB; y la tercera, corresponde al índice de pobreza multidimensional para cada ente territorial.

• Legalidad: Este aspecto permite medir la transparencia que se ha experimentado en un territorio desde la puesta en marcha de los proyectos, teniendo en cuenta procesos judiciales, de interventoría, de monitoreo, riesgo de corrupción, entre otros. Las variables utilizadas son el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP), elaborado por la organización Transparencia por Colombia; el apartado de transparencia del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR); y los reportes entregados por la Contraloría General de la República.

En la siguiente tabla se encuentra el análisis realizado, según el puntaje obtenido para cada criterio evaluado:

Rango	EJECUCIÓN	DESEMPEÑO ECONÓMICO	LEGALIDAD
0,0 – 2,99	Los proyectos aprobados no han avanzado conforme a lo estipulado y es muy probable que no se entreguen en las fechas estimadas o que no sean finalizados en el corto plazo.	Los proyectos aprobados o ejecutados no han tenido un impacto positivo en la población y es necesario buscar alternativas para mejorar los niveles de ocupación, consumo, producción, educación, empleo etc.	En este caso se entiende que los riesgos de corrupción del territorio son altos, y la información disponible es carente de consistencia en los reportes entregados.
3,0 – 4,0	Los proyectos aprobados no han avanzado en su totalidad conforme a lo estipulado, pero existe una probabilidad de ser entregados en las fechas estimadas o en el corto plazo	Los proyectos aprobados han tenido un impacto moderado dentro de la población y es necesario buscar alternativas para fortalecer la planeación en los proyectos y mejorar la relación entre planes de desarrollo e inversiones.	En este caso se entiende que los riesgos de corrupción del territorio son moderados, y la mayoría de la información disponible es inconsistente, por lo que es necesario mejorar algunos aspectos institucionales
4,01 – 5,0	Los proyectos aprobados están avanzando como se esperaba y es muy probable que se entreguen en las fechas estimadas.	Los proyectos aprobados han tenido un impacto significativo dentro de la población y los niveles de ocupación, consumo, producción, educación, etc., son buenos.	En este caso se entiende que el riesgo de corrupción en el territorio analizado es bajo y la información entregada en los reportes es consistente.

Una vez ponderados y calculados los criterios a medir se considera que el resultado final del IIPR es:

• 0.0 – 2.99 (Bajo): Se entiende que en el territorio analizado no ha existido un impacto positivo de los proyectos aprobados a financiarse con presupuesto del Sistema General de Regalías, por lo que es necesario focalizar la inversión en sectores que puedan mejorar el comportamiento económico y el bienestar de sus habitantes, y velar por una disminución drástica en los niveles de corrupción.
• 3.0 – 4.09 (Medio): Se entiende que en el territorio analizado ha existido un impacto positivo de los proyectos aprobados a financiarse con presupuesto del Sistema General de Regalías, pero es necesario fortalecer la inversión en sectores que puedan impactar, aún más, los niveles de desempeño económico, calidad de vida y de corrupción en sus instituciones.

• 4.1 – 5.0 (Alto): Se entiende que en el territorio analizado ha existido un impacto positivo de los proyectos aprobados con presupuesto del Sistema General de Regalías, por lo que es importante tener como referente a estos entes territoriales, para que aquellos territorios que no lo han logrado puedan mejorar en el corto o mediano plazo.

Resultados Nacionales

Ejecución

El puntaje promedio del país en ejecución es 3.67, lo que se traduce en una ejecución promedio de 73,4 %, 0,9 puntos porcentuales por debajo del IIPR anterior. En este caso, tres departamentos se ubicaron en nivel alto (Arauca, Santander y Caldas), lo que indica que los proyectos aprobados para el beneficio de estos territorios han sido entregados según los plazos acordados o han avanzado en su mayoría conforme a lo estipulado en el momento de ser aprobados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) correspondientes.

Por su parte, Bogotá está en nivel más bajo, lo que indica que los proyectos aprobados no han sido entregados en los plazos y fechas acordadas, y en su mayoría no han avanzado al ritmo planeado para ser finalizados en el momento esperado.

El primer puesto en este rubro lo ocupa Arauca (4.15 – 83,05 %) que logró subir un puesto con respecto a 2019, mientras que el último lugar lo repite Bogotá (2.69 – 52,5 %); Sucre logró ascender 9 ubicaciones, mientras que Amazonas descendió 14.

Desempeño Económico

El puntaje promedio del país en desempeño económico es 3.30, 0.03 puntos por encima del IIPR anterior; lo que significa que la mayoría de entes territoriales tienen una tasa de crecimiento cercana al promedio nacional, un nivel de desempleo mayor al total del país y más de la mitad de los departamentos tienen carencias significativas en términos de acceso a educación, salud y servicios públicos domiciliarios.

En este caso, seis departamentos se ubicaron en nivel alto (San Andrés, Atlántico, Amazonas, Cauca, Caldas y Bolívar), principalmente por un buen comportamiento en su economía desde el punto de vista de la producción, una tasa de desempleo igual o menor a la nacional; pero con un porcentaje de su población con carencias en temas de salud, educación, empleo, servicios y condiciones de vivienda, que, aunque son inferiores a la tasa nacional, aún se consideran altas (20,7 %).

Por otro lado, 11 departamentos están en nivel bajo, que son: Córdoba, Guaviare, La Guajira, Casanare, Vichada, Tolima, Huila, Quindío, Meta, Chocó y Arauca; lo que se explica por la alta tasa de desempleo de cada uno que está por encima del promedio nacional y un nivel de producción, demostrado en el PIB local, muy bajo, en algunos casos con un promedio negativo en su tasa de variación. Además, en promedio, el 31 % de la población de estos entes territoriales aún tiene un nivel de vida muy bajo, lo que los ubica en su mayoría en un nivel critico con respecto al 27,9 % nacional.

El primer puesto en este rubro lo ocupa San Andrés (4.31) que logró subir dos puestos con respecto a 2019, mientras que el último lugar lo repite Arauca (1.25); por su parte Vaupés ascendió seis ubicaciones, mientras que Sucre descendió cinco.

Legalidad

El puntaje promedio del país en legalidad es 3.70, 0.17 puntos por encima del IIPR anterior. En este caso, 11 departamentos se ubicaron en el nivel alto (Meta, Antioquia, Tolima, Santander, Risaralda, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Huila y Norte de Santander), lo que significa que han tenido un buen comportamiento en cuanto a la entrega de reportes y resultados de monitoreo por parte de la Contraloría. Así mismo, presentan un riesgo de corrupción bajo en sus instituciones, gracias a una buena divulgación de información, control fiscal y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Por otro lado, dos están en nivel bajo: San Andrés y Amazonas; lo cual quiere decir que los reportes de monitoreo y la información entregada por parte de los ejecutores no es consistente o completa, mientras que sus instituciones tienen un nivel alto de riesgo de corrupción, por la ausencia de información clara en temas de contratación y dificultas en temas de control social y rendición de cuentas.

El primer puesto en este rubro lo ocupa Meta (4.33) que logró subir cinco puestos con respecto a 2019, mientras que el último lugar lo tiene Amazonas (2.64) que pierde tres posiciones; por su parte Risaralda logró ascender 13 ubicaciones, mientras que Guaviare descendió 12.

IIPR

Por su parte, el puntaje promedio del país en el total del IIPR es 3.55. En este caso, dos departamentos se ubicaron en el nivel alto (Caldas y Santander), mientras que uno está en el nivel bajo, que es Chocó; lo que significa que estos territorios no han experimentado un impacto positivo de los proyectos aprobados con presupuesto del SGR, por lo que es necesario focalizar la inversión en aspectos que puedan mejorar el comportamiento económico y el bienestar de sus habitantes, y velar por una disminución drástica en los niveles de corrupción y transparencia institucional.

El primer puesto en este rubro lo ocupa Caldas (4.08) que logró subir cuatro puestos con respecto a 2019, mientras que el último lugar lo repite Chocó (2.81); por su parte Risaralda logró ascender 7 ubicaciones, mientras que San Andrés descendió 9.

Conclusiones

El SGR en sus ocho años de vigencia, no ha logrado establecer una estrategia clara que permita avanzar en iniciativas que cumplan con todos los estándares necesarios para ser ejecutadas en los tiempos establecidos y que generen los efectos deseados.

Los departamentos con peores resultados en desempeño económico y que históricamente han sufrido de grandes carencias, no son receptores de la cantidad de recursos que necesitan para poner en marcha proyectos que puedan mejorar su situación, pero además no tienen acompañamiento o asistencia técnica y presupuestal por parte del gobierno central.

En gran medida aquellos departamentos con un buen desempeño histórico en términos económicos presentan un porcentaje de ejecución de proyectos medio o bajo, mientras que los que tienen un comportamiento económico deficiente llegan a un avance significativo en sus inversiones.

Existe una tendencia a financiar proyectos de baja envergadura, que no aportan realmente a los objetivos del SGR. A excepción de algunos casos puntuales, la ejecución de proyectos no está relacionada con el desempeño económico, sin embargo, la fortaleza institucional si tiene una relación directa con los avances en las iniciativas.

Las zonas petroleras obtuvieron resultados bajos en el total del IIPR, lo que demuestra la incapacidad que ha tenido el estado, de llevar prosperidad por medio de las regalías, a aquellos territorios que son los primeros afectados por la actividad extractiva.