El gobierno nacional radicó denuncia por presunto delito que amenaza la seguridad nacional, contra tres congresistas que en su opinión han aupado la posibilidad de una intervención militar similar a la que sufrió Venezuela y terminó con el secuestro del Presidente Maduro a manos de tropas gringas.
De acuerdo con el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien radicó la denuncia, la representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal habrían incurrido en el delito “de Menoscabo de la Integridad Nacional (art. 455 C.P.) al invitar o incentivar a una intervención militar extranjera”
A través de su cuenta de X, el titular encargado de la cartera de Justicia aseguró que “no es opinión: es un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”.
El artículo 455 del Código Penal colombiano, al que hace referencia el ministro Idárraga, establece: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”.
De acuerdo con Idárraga, “la autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”.
“Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, concluyó.
