FUNCIONARIA NO HA RECONOCIDO DEUDA DE HACE YA TRES AÑOS, DICE EL DEMANDANTE.
Una nueva orden de embargo sobre su ingreso salarial y el secuestro del único inmueble que aparece a su nombre, dispuso un Juzgado de Arauca ante los reiterados incumplimientos de la Alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno Fonseca, de pagar una deuda pendiente desde julio de 2020.
Esta decisión se suma a una disposición en el mismo sentido que en abril de 2022 adoptó el Juzgado 1º Penal Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, en un proceso ejecutivo que libró la empresa AGRODINCO SAS, contra la mandataria aguazuleña.
En este caso, la orden de embargo sí se ha hecho efectiva, tal como demuestran los comprobantes de pago del millonario sueldo que recibe la burgomaestre aguazuleña (que en algunas ocasiones ha superaso los $18 millones mensuales), aunque por información de nómina su asignación salarial es del $7.115.556 pesos por mes laborado.
En dichos comprobantes se certifica que mensualmente se hace efectivo el descuento por orden judicial de sumas cercanas al millón de pesos mensuales.
DEUDA IMPAGADA
En cuanto a la otra deuda, se trata de la obligación derivada de un préstamo superior a los 240 millones de pesos (incluidos intereses), consignada en una letra de cambio y que la mandataria Moreno Fonseca se ha negado a reconocer.
“Ella no contesta e incluso en algún momento del proceso ejecutivo en la Alcaldía de Aguazul pretendieron desconocer una notificación electrónica que quedó debidamente registrada y en donde se informaba plenamente de la acción de cobro ante el Juzgado”, dijo el abogado del demandante.
El acreedor debió recurrir al mecanismo judicial ante el inminente vencimiento del plazo de vigencia de la letra de cambio (tres años) sin que obtuviera respuesta por parte de la alcaldesa Moreno Fonseca.
Sin embargo, pese a la exigencia (para este caso del Juzgado Civil de Arauca) la propia Alcaldía respondió a través de la Secretaria General, Herlinda Echeverría Patiño, que un segundo embargo no puede aplicarse pues excedería el límite de 1/5 de salario al que restringe el Código Sustantivo del Trabajo la imposición de este tipo de medidas.
SECUESTRO DE APARTAMENTO
Ante tal situación y debido al riesgo del vencimiento del título valor que ampara la deuda, el demandante tuvo qué acudir a la solicitud de secuestro de un apartamento propiedad de Johana Moreno Fonseca ubicado en Tunja.
“Luego de rastrear por todo el país, encontramos que es el único bien a su nombre, es una lujosa propiedad tipo pent-house en un sector exclusivo de la capital boyacense, valorado en 205 millones de pesos y adquirido según escritura #1909 de la Notaría 3ª de Tunja, en noviembre de 2019 (poco después de ser electa Alcaldesa)”, dijo el demandante.
Es, tal vez, la única esperanza que tendría Willian Efrén Martínez Hernández de recuperar su plata.
¿TAMBIÉN HAY LÍOS CON VEHÍCULOS…?
HISTORIA VIENE DESDE CUANDO JOHANA MORENO ERA GERENTE DEL FFAMA
Otro hecho judicial podría darse sobre la actual Alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno Fonseca, por cuenta de la reclamación de un ciudadano que enfrenta un embargo del Fondo FFAMA (una entidad municipal de créditos empresariales) y del cual señala a la mandataria y a quien fuera su pareja por la época de los hechos.
La historia se remonta al año 2012, cuando Moreno Fonseca era Gerente de dicha entidad y según el denunciante, lo habría convencido de asumir un crédito para la compra de dos vehículos.
La obligaciónse hizo efectiva, los vehículos aunque fueron comprados quedaron bajo la órbita de Moreno y su expareja, quienes los usufructuaron hasta el momento en que “desaparecieron”.
Incluso, sobre el destino de los carros se investiga una eventual adulteración de documentos de identificación de los automotores.
Para quien accedió a la “sugerencia” de la Gerente de la época (y actual Alcaldesa), el problema es que se convirtió en una deuda que le generó un proceso ejecutivo superior a los $140 millones y que hoy día lo tiene en graves problemas económicos sin que se conozca si alguien le va a responder por es descalabro.
El quejoso volvió a enterarse de la existencia de los carros, hace algunos meses cuando Martín Pérez, un nuevo comprador de los vehículos, lo llamó para pedirle que le hiciera “los papeles del traspaso”.
