Juzgado impone multa y advierte posibles consecuencias penales por incumplimiento de orden judicial
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal impuso una sanción económica al alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, por desacato grave a una orden judicial que le exigía transferir la totalidad de los recursos recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público a la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo S.A.S., de la cual el municipio es socio mayoritario con una participación del 43,92%.
La decisión judicial, emitida el 8 de mayo, se basa en el incumplimiento de una sentencia previa del 13 de febrero de 2025, ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare el 17 de marzo del mismo año, que ordenaba al mandatario municipal girar los fondos recaudados por dicho impuesto. Aunque la Alcaldía informó haber transferido más de 93 millones de pesos, la evidencia presentada por la Empresa Mixta y su revisor fiscal indicó que, entre enero de 2024 y marzo de 2025, se recaudaron más de 2.503 millones de pesos, de los cuales más de 892 millones fueron destinados a ENERCA S.A. E.S.P., en contravención del Acuerdo Municipal 500.02.023 de 2022 y las órdenes judiciales vigentes.
El juzgado determinó que el alcalde incurrió en «culpa grave» al disponer unilateralmente de los recursos públicos, utilizando parte de ellos para realizar pagos a terceros, y no cumplir con la obligación legal de transferirlos a la cuenta fiduciaria administrada por la Empresa Mixta. El juez Roberto Vega Barrera destacó que la conducta del alcalde fue consciente y persistente en el incumplimiento de la orden judicial, y que sus argumentos contables y administrativos no justificaban su actuación.
Como consecuencia, se impuso una multa equivalente a siete salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá ser pagada con recursos personales del alcalde. Además, se advirtió que, de continuar en desacato, podrían aplicarse nuevas sanciones e incluso trasladar el caso a la Fiscalía para investigar la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial.
