Un documento, emitido por la Veeduría Ciudadana «Transparencia para un Alumbrado Público Digno», se convirtió en una alerta pública y un pronunciamiento dirigido a autoridades judiciales y de control sobre la situación del servicio de alumbrado en Paz de Ariporo, Casanare.
En su pronunciamiento, los miembros de la veeduría advierten los siguientes riesgos y situaciones en torno al debate jurídico en que se convirtió la creación de una empresa moderna para manejar este servicio público tan sensible para los paz de ariporeporeños.
- Alerta de Detrimento Patrimonial: La veeduría advierte sobre un posible daño económico irreparable al erario que podría superar los $30.000 millones de pesos en indemnizaciones al socio estratégico si se liquida la Empresa de Economía Mixta de Alumbrado Público.
- Falta de Defensa Judicial: Se denuncia que el alcalde, Camilo Abril Tarache, manifestó la voluntad del municipio de no apelar una sentencia de primera instancia que afecta a la empresa, lo cual es interpretado por la veeduría como una omisión deliberada y una falta de protección al patrimonio público.
- Conflicto de Interés y Recusación: El documento señala que el actual alcalde fue integrante del comité promotor del referendo que buscaba derogar el acuerdo de creación de la empresa. Al ser ahora el representante legal del municipio y decidir no defenderlo en este mismo asunto, la veeduría sostiene que actúa como «juez y parte».
- Motivaciones Personales: La veeduría afirma que la gestión del mandatario está impulsada por un «resentimiento político» y una postura sistemática de oposición a proyectos de la administración anterior, priorizando una «vendetta» personal sobre el bienestar ciudadano y la estabilidad financiera del municipio.
- Incumplimiento de Pagos: Se reporta que la administración municipal está reteniendo el recaudo del impuesto de alumbrado público sin destinarlo a la cuenta fiduciaria establecida por contrato, lo que ha provocado cortes de energía por parte de ENERCA en parques y espacios públicos.
- Respaldo Ciudadano: El texto recuerda que en noviembre de 2025 se realizó un referendo derogatorio donde la comunidad votó mayoritariamente por el «NO», decidiendo que la empresa debía continuar.
Adicionalmente, la veeduría solicita a la Procuraduría, Contraloría y a los jueces a intervenir para garantizar la moralidad administrativa y evitar que los habitantes de Paz de Ariporo terminen pagando millonarias condenas judiciales debido a caprichos administrativos.
Advierten que, en caso de que se decrete la nulidad del Acuerdo de Facultades No. 500.02-023 del 30 de diciembre, el municipio de Paz de Ariporo, se verá forzado a asumir indemnizaciones y perjuicios multimillonarios en favor del socio estratégico; una condena económica y social que, al final, terminará pagando injustamente el pueblo de Paz de Ariporo de manera injustificada.
