Entre los congresistas señalados esta el senador casanareño, Alirio Barrera
Según un reciente informe del diario El Espectador, que contó con documentación de varias entidades del Estado, incluida la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al menos cinco congresistas estarían bajo la lupa del Gobierno por posibles irregularidades en la acumulación de terrenos.
En respuesta a un derecho de petición enviado por El Espectador, la ANT reconoció haber identificado a algunos congresistas involucrados en procesos agrarios, aunque no pudo proporcionar detalles adicionales debido a la falta de decisiones firmes.
Sin embargo, hay legisladores que se han mantenido en la escena pública por sus lazos familiares en diferentes departamentos, como el caso de Wadith Manzur, representante del Partido Conservador, que se ha convertido en la ejemplificación de la conexión entre política y negocios familiares en el territorio cordobés. Manzur, vinculado a 23 propiedades en el municipio de Cereté, ha reportado actividades económicas en ganadería y agricultura. Su campaña para el Congreso en 2022 fue financiada principalmente por su familia, con aportes de su padre, Julio Alberto Manzur, quien confesó su colaboración con paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que inyectó más de 149 millones de pesos a su campaña.
Otro caso relevante es el de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante por una de las curules de paz del departamento del Cesar e hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, exjefe paramilitar. Tovar Vélez ha sido cuestionado por las propiedades a su nombre y las demandas de restitución de tierras. A pesar de las denuncias, el Consejo de Estado ratificó su escaño al Legislativo.
En el Senado, Alirio Barrera ha enfrentado señalamientos por la vinculación de su núcleo cercano con numerosas propiedades en Casanare. Incluso, su nombre aparece vinculado a 172 precios en ese departamento en los que también se registra el nombre de su prima, la exrepresentante a la Cámara Amanda Rocío Rodríguez.
Sin embargo, Barrera ha defendido sus actividades de compra y venta de terrenos, atribuyendo las acusaciones a opositores políticos. “Es un terreno que se subdividió, se hicieron los lotes y se vendió todo. Es una finca que se compró, sacamos una licencia en el 2012, 2013, pero por estar en el tema político, pues se abandonó el proyecto, no pude hacerlo y así me tocó venderlo”, señaló el senador al diario nacional.
La restitución de tierras es un tema candente en Colombia, afectando a diversos actores políticos. En la frontera con Venezuela, los representantes Wilmer Guerrero y Óscar Villamizar han adquirido terrenos en zonas de riesgo de desplazamiento forzado.
La acumulación de tierras es un punto clave del Acuerdo de Paz y de la reforma agraria que el Ejecutivo busca acelerar. En este sentido, se están explorando vías para agilizar la compra voluntaria de tierras y cumplir con las promesas de campaña. La lucha por la tierra sigue siendo una de las prioridades del Gobierno de Petro, quien ha reconocido que la reforma agraria avanza lentamente.
El proyecto de ley ordinaria de la reforma agraria está en discusión en el Congreso, con acuerdos multipartidistas para su presentación.
