Una compleja situación jurídica enfrenta el grupo de líderes sociales que desde noviembre de 2018 fueron capturados por la Fiscalía luego de acusaciones en su contra por parte de un trabajador de la petrolera Frontera Energy.
Así lo explicó Raymundo Vásquez, abogado de varios de los ocho ciudadanos, señalados de delitos tan graves como concierto para delinquir, terrorismo, obstrucción de vías y daños a propiedad ajena (por su presunta participación en bloqueos y protestas contra la multinacional petrolífera).
«A ellos les están endilgando una capacidad terrorista bajo un grupo creado en la imaginación de sus acusadores, unos tales ‘Jinetes de Careto’ y como los vinculan a ese supuesto Grupo Delincuencial Organizado (GDO) entonces les aplican una Ley de 2018 específicamente diseñada para este tipo de estructuras y que es mucho más rigurosa que el Código Penal», explica el jurista.
Así las cosas, la detención preventiva que en procesos penales no se puede prolongar por más de un año, en este caso puede llegar incluso a tres, sin que se de terminación al juicio.
Otro de los factores que hace más gravosa la situación de los acusados, es el poder económico del Ejército y la Fiscalía que han sido beneficiarios de millonarios aportes de Ecopetrol y Frontera Energy para mejorar su capacidad de «apoyo» a la industria petrolera.
«Estamos en una lucha desigual luego de que revelamos los gigantescos convenios de pago de la compañía y de Ecopetrol a estas entidades que tienen una infinita capacidad ante nosotros», dijo el abogado.
En cuanto a los señalamientos de que los líderes sociales habrían afectado intereses de la empresa, dijo que todo eso deberá demostrarse en la etapa de juicio en la que se encuentra el proceso y que en el caso de las audiencias preparatorias, no se pudo llevar a cabo porque uno de los acusados, fue trasladado de la cárcel de La Guafilla (en Yopal) a la penitenciaría de La Picota (Bogotá) y al no poder estar presente en la audiencia, esta no pudo llevarse a cabo.
