Medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario impuso un juez de control de garantías para los siete soldados regulares que habrían tomado parte (6 como autores y uno como cómplice) del presunto acceso sexual a una menor de 12 años, perteneciente a una comunidad indígena.
El juez dispuso que la medida se deberá cumplir en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias para garantizar condiciones de adecuado confinamiento a los uniformados.
Frente al proceso judicial, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reveló que los hechos que se investigan afectan a la niña, de la comunidad indígena Embera, y habrían ocurrido en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda).
Los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.
Los cargos fueron aceptados por los procesados. “En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, precisó el Fiscal Barbosa.
Las más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía fueron determinantes para
poner en evidencia a los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del
Ejército Nacional en Génova (Quindío), que servían de apoyo al Batallón de Artillería San
Mateo con sede en Pereira.
“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó
medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el Fiscal
General.
