Hasta al uso de un coche de bebé para transportar una pimpina de gasolina que luego fue usada como elemento combustible para el ataque a la sede de la Registraduría en Gamarra (Cesar), acudieron el grupo que materializó la asonada e incendio contra la sede del ente oficial, en medio de protestas previas a la jornada electoral del 29 de octubre.
Como se recuerda, en estos actos de violencia que sucedieron el pasado 28 de octubre murió una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras seis personas quedaron heridas, dos de las cuales aún continúan con diagnóstico reservado.
A propósito de los responsables del hecho, la Fiscalía reportó en las últimas horas que logró judicializar a cinco responsables: Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal de la Oficina Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio.
Un quinto investigado, Julio Rojas Marín, fue imputado por el delito de violencia contra servidor público.
Aunque los procesados no aceptaron los cargos, en atención al contundente material de prueba que aportó la Fiscalía, una jueza de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, mientras que para Rojas Marín se ordenó reclusión en su lugar de residencia.
EL MACABRO COMPLOT
Según la investigación de la Fiscalía, en la mañana del pasado 28 de octubre, un grupo de persona se congregó en una estación de servicio de Gamarra y marchó por una decisión que consideraba contraria a sus intereses políticos.
Registros fílmicos y otras evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía indican que entre la multitud, un grupo de personas aprovechó la movilización para ingresar violentamente a la sede de la autoridad electoral, en medio de la resistencia de policías y otros funcionarios.
El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marín, participó en la arremetida, golpeó a la Registradora Municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos de las oficinas.
De otro lado, está comprobado que los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio al inmueble de la entidad, con el propósito de quemar el material electoral.
Con tal propósito, Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé, el cual fue llevado en medio de la multitud de «manifestantes» hasta inmediaciones del edificio que fue blanco del ataque, tal como lo indican registros fotográficos de seguimiento que comprueban la participación de la pareja.
Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, estuvieron a cargo de recibir el combustible y ayudar a la persona que lo roció al interior de la oficina e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora pública, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad.
Las labores de policía judicial continúan para hacer efectiva una sexta orden de captura relacionada con estos hechos.
