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A FACUNDO LO PERSIGUEN SUS «PECADOS» COMO GOBERNADOR: PROCURADURÍA ANUNCIA SANCIÓN

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 La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años al gobernador de Arauca (2012-2015), José Facundo Castillo Cisneros, por irregularidades en la celebración de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (COMFIAR) para construir 240 viviendas de interés prioritario (VIP).

El Ministerio Público confirmó que el exfuncionario realizó el negocio jurídico en julio con la institución para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para los procesos de convocatoria, asignación de subsidios y operatividad de los proyectos de VIP; consecuentemente, COMFIAR contrató al consorcio Laureles Arauca en diciembre de 2014 para ejecutar el proyecto, sin que se hubiera evaluado la idoneidad de COMFIAR en experiencia, capacidad técnica y administrativa. 

Por tanto, la Procuraduría confirmó la inobservancia a cumplir con lo establecido en la ley por parte del exgobernador en la etapa previa de la suscripción del convenio 313 de 2013; lo que conllevó a un incumplimiento de sus deberes funcionales. 

El ente de control también evidenció que, desde el inicio, en el proyecto de construcción de la Urbanización los Laureles – Etapa I, hubo inconvenientes con el área de intervención del proyecto, al carecer de estudios previos y diseños de la red hidráulica y sanitaria; lo que generó falta de disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios en el lote entregado. 

En fallo de primera instancia, el organismo de control demostró importantes retrasos en la entrega del proyecto; inicialmente, debía ser entregado en un plazo de 11 meses, pero al realizar distintas prórrogas se finalizó la obra dos años y cuatro meses de la fecha inicial pactada, para entregar los subsidios asignador en la resolución 2967 de 2014. 

La Procuraduría calificó la falta de Castillo Cisneros como gravísima, a título de culpa gravísima, por la vulneración del principio de moralidad. 

Estas nuevas sanciones se suman a los procesos que por diversos actos de corrupción (ya en su segundo mandato para el cual fue electo en 2019) mantienen al dirigente araucano recluido en la cárcel de La Picota, luego de su captura en octubre de 2021.

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