Hasta el Consejo de Estado llegaría la lucha jurídica que envuelve a la diputada de Casanare, Lady Patricia Bohórquez Cuevas, cobijada por un fallo de pérdida de investidura que en su contra profirió el Tribunal Administrativo de Casanare, resolviendo así una demanda contra la dirigente política.
La acción judicial contra la exalcaldesa de Pore y actual diputada, se originó luego de que ella tomara parte en el proceso de elección de un Contralor encargado, trámite en el cual se le advirtió que no podía participar por tener vigente en su contra un proceso de responsabilidad fiscal, temas de los cuales conoce precisamente la Contraloría Departamental de Casanare.
«Al no declararse impedida para participar de tal votación, la diputada incurrió en una causal de pérdida de investidura, tal como lo reza el artículo 48, parágrafo 1, de la Ley 617 de 2000, al incurrir en un evidente conflicto de intereses», se concluye de la demanda interpuesta contra la Diputada por Camilo Andrés Delgado Garzón, contra la actuación de la funcionaria.
Tal diligencia, benefició a Carmen Lucía Niño, quien ostentó el cargo de Contralora, como producto de esa votación en la que participó la Diputada a sabiendas de la existencia de dos procesos de responsabilidad fiscal en su contra, en uno de los cuales fue notificada e incluso pagó una sanción pecuniaria.
Uno de ellos, PRF 021 de 2017, corresponde a una investigación fiscal por presuntos detrimentos patrimoniales en un contrato que suscribió Lady Patricia Bohórquez en 2010, como Alcaldesa de Pore. Dicha actuación, abierta en diciembre de 2016, nunca pasó de la etapa de indagación preliminar.
Sin embargo, en otro proceso, PRF 1872, iniciado en junio de 2017, le fue notificada apertura de investigación fiscal, en octubre de 2017, vinculándola como responsable fiscal, actuación en la que incluso ella presentó descargos.
A pesar de ello, durante la elección de la mencionada Contralora (en enero pasado), la diputada Lady Patricia, incluso a pesar de que existían documentos que certificaban la existencia de dichos procesos, negó tal situación. Este hecho, en consideración de los magistrados e incluso de la Procuraduría, configuran una mala intención en la actuación de la exalcaldesa poreña.
Es más, días después de la elección de la Contralora, concretamente el 16 de enero pasado, Lady Patricia pagó a la Contraloría la suma de $4.675.276, con el objetivo de que cesaran los efectos de dicha investigación, situación que en efecto fue acogida por la Contralora que la diputada ayudó a elegir.
Así las cosas, el Tribunal encontró evidente el interés «directo, personal y de carácter económico» de Lady Patricia Bohórquez para la elección de quien posteriormente certificó que cesaba el juicio fiscal en su contra.
En su fallo, el Tribunal pide a la Fiscalía y a la Procuraduría, evaluar el ocultamiento de dicha información, debido a que Lady Patricia (en defensa de su actuación) allegó certificaciones donde no se mencionaba el citado proceso fiscal y las cuales fueron emitidas por funcionarios de la Contraloría.
El fallo será apelado en la instancia correspondiente, según informó la Diputada, Bohórquez Cuevas.
