El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal cuestionó la falta de actuaciones concluyentes de la Alcaldía frente a las inconsistencias detectadas en estudios técnicos del corredor hacia Montañas del Totumo. El contrato supera los $42.581 millones y aún no había sido liquidado, según la sentencia.
Yopal, Casanare. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal declaró amenazados los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público por la falta de actuaciones definitivas de la Alcaldía de Paz de Ariporo frente a las observaciones técnicas surgidas durante la revisión de un contrato de mejoramiento vial entre el casco urbano del municipio y el corregimiento de Montañas del Totumo.
La decisión, emitida el 17 de noviembre, se refiere al contrato de obra pública 301.17.5-002, suscrito con el Consorcio Vías Paz de Ariporo por un valor de $42.581 millones. El proyecto contemplaba el mejoramiento de la vía mediante pavimentación y construcción de obras de drenaje.
En la sentencia, el despacho advirtió que, pese a las dudas identificadas en estudios técnicos contratados por la propia administración municipal, no se acreditó que se hubieran culminado las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para establecer de manera definitiva el estado de la obra y proteger los recursos públicos.
Estudios técnicos identificaron posibles inconsistencias
El proceso judicial examinó informes de geotecnia vial, pavimentos, laboratorio, estructuras y topografía contratados por el municipio durante 2024 para verificar las condiciones de ejecución del proyecto.
Según los antecedentes recogidos en la providencia, estos estudios plantearon posibles diferencias entre las cantidades y calidades de los materiales reportadas durante la ejecución contractual y las encontradas en las verificaciones posteriores. Entre los aspectos cuestionados se encuentran las características de las capas granulares de la vía, los espesores de los materiales y las condiciones de la carpeta asfáltica.
Mientras las actas de obra reportaban un avance acumulado del 95 % a diciembre de 2023, los estudios posteriores generaron interrogantes sobre el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas. No obstante, el juzgado precisó que los informes constituyen indicios de posibles incumplimientos, pero no permiten declarar, dentro de esta acción popular, que el contratista incumplió definitivamente sus obligaciones. La controversia técnica y contractual debe resolverse en el escenario judicial correspondiente, con las garantías procesales de las partes.
Un contrato que continúa sin liquidación
De acuerdo con el expediente, el plazo de ejecución del contrato terminó el 9 de febrero de 2024, después de varias prórrogas y suspensiones. Sin embargo, el juzgado no encontró acreditada su liquidación ni una conclusión administrativa definitiva sobre las observaciones detectadas.
La Alcaldía sostuvo durante el proceso que había adelantado gestiones para revisar la situación contractual y que las diferencias técnicas y económicas debían analizarse respetando el debido proceso. Por su parte, el Consorcio Vías Paz de Ariporo defendió la ejecución de la obra y afirmó que el avance reportado se encontraba respaldado por las actas y la interventoría. También cuestionó la representatividad de las muestras y la metodología de algunos estudios posteriores.
El despacho consideró que, aunque no estaba demostrado el incumplimiento contractual alegado por el demandante, la administración no podía dejar sin respuesta los indicios surgidos de las verificaciones técnicas que ella misma había contratado.
¿Qué ordenó el juzgado?
La sentencia ordenó a la Alcaldía de Paz de Ariporo presentar ante su Comité de Conciliación, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, un concepto técnico que contemple las observaciones identificadas y la estrategia de defensa jurídica para proteger los intereses públicos.
Una vez cumplido ese plazo, el municipio deberá aportar al juzgado, dentro de los tres días siguientes, copia del concepto técnico y la certificación expedida por el Comité de Conciliación. Si se determina que resulta procedente, la administración deberá presentar evidencia de la contestación de la demanda y de la demanda de reconvención dentro del proceso de controversias contractuales que cursa ante el Tribunal Administrativo de Casanare.
El propósito es que, en ese escenario judicial, se estudie la situación del contrato, incluida una eventual liquidación judicial, una posible declaratoria de incumplimiento y las reclamaciones que correspondan frente a las garantías contractuales.
El juez negó las demás pretensiones de la acción popular, entre ellas las encaminadas a que en este proceso se ordenara directamente la liquidación del contrato y se fijaran de antemano los montos que deberían recuperarse.
El fallo pone el foco en la obligación de las entidades públicas de actuar cuando encuentran elementos que podrían comprometer el patrimonio estatal. Para el despacho, contratar estudios técnicos no era suficiente: la administración debía avanzar hacia una decisión de fondo que permitiera confirmar el cumplimiento del contrato o establecer las responsabilidades correspondientes.



