La repuesta de la Universidad a los requerimientos de la Fundación Little Guardians incluye al menos 70 comisiones y más de $1.672 millones asociados a los 15 beneficiarios con mayor recurrencia.
El listado incluye al rector, directivos académicos, representantes ante el Consejo Superior y, sorpresivamente, a empleados administrativos.
Los viajes internacionales de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) vuelven a generar cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a la internacionalización.
El documento sitúa en el primer lugar al rector Oriol Jiménez Silva, con 12 comisiones y $321.987.911 asociados en la matriz.
Le siguen Juan Camilo Gámez Porras, con ocho comisiones y $161.411.853, y Neffer David Sanabria, asesor de Rectoría, con seis comisiones y $149.024.196.
En conjunto, los 15 beneficiarios registran 70 comisiones y valores asociados por aproximadamente $1.672 millones, de acuerdo con la suma de los registros individuales del informe.
El listado no se limita a docentes y estudiantes
Uno de los aspectos que amplía el debate es la participación de empleados administrativos en los desplazamientos internacionales.
Entre los primeros 15 puestos aparecen Laura Tatiana Sierra Díaz, profesional universitaria de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional, con seis comisiones y $144.469.955 asociados, y Mayra Alejandra Pérez Dueñas, profesional especializada de la Oficina de Proyectos Especiales, con cuatro comisiones y $120.169.892.
También figura Juan Camilo Gámez Porras, de Jefatura de la Oficina Asesora de Planeación. Su registro suma ocho comisiones y $161.411.853.
La relación incluye, además, a Adriana Márquez Medina, directora de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, con cinco comisiones y $119.177.821; Sindy Lorena Guatava Fernández, vicerrectora de Investigación, con cuatro comisiones y $128.350.833; y Alieth del Rocío Ávila Sanabria, vicerrectora académica, con cuatro comisiones y $73.947.918.
En los primeros 15 lugares también aparecen representantes y miembros de los órganos de gobierno universitario.
Entre ellos Jonathan Javier Comba Gutiérrez, delegado de la Presidencia ante el Consejo Superior; Jorge Eliecer Gamba, representante estudiantil; Pablo Germán Ávila Rueda, representante de los exrectores; y Hernán Mateo Tarquino Rincón, registrado como representante de los estudiantes ante el Consejo Superior.
La composición del listado plantea preguntas sobre los criterios de selección de los viajeros, la relación de cada comisión con sus responsabilidades institucionales y los beneficios obtenidos.
Denuncias por más de $3.000 millones y cuestionamientos políticos
La controversia se inició desde junio de 2026, cuando se iniciaron las denuncias sobre los viajes entre 2023 y 2025, en los que se habrían destinado más de $3.000 millones a viáticos, viajes y actividades relacionadas con la internacionalización de la universidad.
Los denunciantes cuestionaron la proporción de los recursos que, según señalaron, habría beneficiado a funcionarios y miembros del Consejo Superior frente a la inversión dirigida directamente al estudiantado.
El 3 de noviembre de 2026, el diputado Jorge Eduardo García volvió a cuestionar los resultados de la internacionalización y pidió explicaciones sobre los recursos destinados a los desplazamientos.
Diferencias que requieren explicación
La propia universidad señala, a través de su Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional, que «la movilidad internacional puede involucrar a estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo, con objetivos académicos, científicos y de gestión» . Por ello, la evaluación de cada comisión debe considerar su justificación, financiación y resultados verificables.
La pregunta de fondo es cuánto costaron efectivamente los viajes, quiénes se beneficiaron y qué resultados dejaron para Unitrópico y Casanare.
