Análisis político
En Colombia, cuando elegimos un presidente, gobernador o alcalde, se supone que estamos respaldando un programa de gobierno. Sin embargo, siempre he considerado que nuestra realidad electoral es bastante diferente. Muchas personas terminan votando por el fervor que despierta un candidato, su personalidad, sus discursos, sus afinidades políticas o la esperanza que representa. Y me pregunto: ¿cuántos colombianos realmente leen los programas de gobierno antes de depositar su voto?
Hay una particularidad jurídica que pocos conocen. El artículo 259 de la Constitución Política y la Ley 131 de 1994 establecen el voto programático para gobernadores y alcaldes, quienes están obligados a presentar un programa de gobierno al momento de inscribir sus candidaturas. Para los aspirantes a la Presidencia de la República no existe esa misma obligación legal, aunque tradicionalmente presentan sus propuestas como parte de sus compromisos con los electores.
Traigo esto a consideración porque los acontecimientos políticos de las últimas semanas me llevaron a revisar nuevamente el programa de gobierno del hoy presidente Abelardo de la Espriella.
Y encontré algo que considero interesante.
Abelardo presentó un programa de gobierno que, leído o no por quienes votaron por él, hizo parte de la oferta política con la que obtuvo el respaldo electoral necesario para convertirse en presidente de Colombia. Esto no significa que todos los colombianos, ni siquiera todos sus electores, compartieran cada una de sus propuestas. Significa que esas propuestas estuvieron a disposición de la ciudadanía y formaron parte del proyecto político que resultó elegido.
Lo llamativo es que el presidente, al menos frente a algunos de sus compromisos, aparentemente está comenzando a ejecutar lo que prometió.
Y digo que resulta llamativo porque en Colombia estamos acostumbrados a ver candidatos que anuncian grandes cambios durante sus campañas y que, una vez llegan al poder, dejan buena parte de sus compromisos simplemente en eso: promesas electorales.
En el programa denominado El Milagro de los Nunca, dentro de su primera propuesta, titulada Salvar la Patria Milagro, De la Espriella identifica cuatro amenazas para Colombia: el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y las economías ilegales.
Pero quiero detenerme especialmente en el tercer punto de sus propuestas clave, porque considero que guarda una relación interesante con lo que estamos presenciando.
Allí anunció expresamente:
«Ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas comenzando de manera urgente por Ecopetrol para erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia».
No se trata de una declaración posterior a las elecciones ni de una propuesta improvisada después de llegar a la Casa de Nariño. Está escrita en el programa que presentó a los colombianos.
Incluso señaló como primera meta los cien días iniciales del Gobierno para demostrar que su administración llegaba a gestionar y entregar resultados.
Y hay un hecho que merece mencionarse: el pasado 24 de septiembre, la Junta Directiva de Ecopetrol designó a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de la compañía. Es decir, ya se produjo un cambio en la dirección de la empresa que De la Espriella había señalado expresamente como punto de partida de su propuesta.
Por supuesto, un cambio directivo no demuestra que existieran irregularidades en la administración anterior ni garantiza que la nueva gestión sea mejor. Tampoco permite atribuir por sí solo esa decisión al cumplimiento de una promesa presidencial. Pero sí encuentro una correspondencia entre lo anunciado durante la campaña y una decisión institucional que ya se materializó.
Ahora bien, ¿qué relación tiene ese programa con los enfrentamientos públicos que ha protagonizado el presidente en las últimas semanas?
El pasado 3 de octubre, durante una visita al departamento de Sucre, De la Espriella confrontó al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, a quien cuestionó por presuntas irregularidades y por las investigaciones judiciales que lo involucran. El alcalde rechazó los señalamientos y cuestionó la forma en que se difundió el encuentro.
Días después, el 16 de octubre, la revista CAMBIO publicó una investigación de la periodista Alejandra Bonilla Mora que reveló detalles de una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se acusó a Acuña por su presunta participación en la financiación de Los Rastrojos Costeños.
Según la publicación, el expediente contiene señalamientos sobre una supuesta financiación de aproximadamente 1.500 millones de pesos e interceptaciones judiciales relacionadas con presuntos intentos de modificar testimonios.
Debo precisar que se trata de una acusación judicial, no de una sentencia condenatoria. Yahir Acuña conserva su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Pero hay algo que personalmente me llama la atención: el presidente confronta públicamente al alcalde y, menos de dos semanas después, conocemos nuevos detalles de una acusación judicial de semejante gravedad.
¿Qué sabía Abelardo de la Espriella cuando decidió confrontar a Yahir Acuña? ¿Tenía información adicional sobre sus procesos judiciales o simplemente actuó a partir de los antecedentes que ya eran conocidos?
No tengo elementos para responder esas preguntas. La actuación de la Corte venía adelantándose desde antes del enfrentamiento y no existe fundamento para afirmar que el presidente conociera anticipadamente su decisión.
Sin embargo, considero que hay una circunstancia que merece atención. Abelardo de la Espriella es abogado penalista. Conoce el funcionamiento de la justicia, las consecuencias que pueden derivarse de determinados señalamientos y los límites jurídicos de las actuaciones de las autoridades.
Por eso, cuando lo escucho confrontar directamente a un funcionario, me pregunto qué información tiene para hacer afirmaciones de esa naturaleza. Puede tratarse de antecedentes públicos, denuncias recibidas o información de otra procedencia. Sin conocerla, sería irresponsable dar por cierta cualquiera de esas posibilidades.
Lo ocurrido con Yahir Acuña no ha sido un episodio aislado.
En Córdoba, el presidente cuestionó públicamente al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, y ordenó una visita de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional para revisar asuntos relacionados con su administración, el proceso de elección rectoral y los estatutos universitarios.
Me resulta especialmente interesante ese caso porque el Consejo de Estado había dejado en firme la elección del rector para el período 2026-2031.
Naturalmente, una decisión judicial que declara ajustada a derecho una elección no impide investigar hechos diferentes. Pero cualquier actuación del Gobierno debe respetar la autonomía universitaria, las competencias de los órganos de gobierno de la institución y las decisiones judiciales.
Y ahora, en San Andrés, conocemos el enfrentamiento con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.
El presidente las cuestionó por asuntos relacionados con la situación del hospital departamental, la contratación pública, el manejo de recursos y la corporación ambiental Coralina. Las dirigentes rechazaron las acusaciones y defendieron sus actuaciones.
Frente a estos dos últimos episodios, me surgen nuevas preguntas.
¿Qué vendrá después de los cuestionamientos al rector de la Universidad de Córdoba y a las dirigentes de San Andrés? ¿Se adelantarán investigaciones? ¿Conoceremos nuevas actuaciones de las autoridades competentes? ¿O las confrontaciones quedarán solamente en el escenario político?
No lo sabemos. Tampoco considero responsable suponer que todos los casos tendrán un desenlace semejante al de Yahir Acuña.
Lo que sí observo es una particularidad en la manera como el presidente está ejerciendo públicamente su cargo.
Está llevando sus cuestionamientos sobre la administración pública directamente ante quienes considera posibles responsables de las irregularidades que denuncia o ante aquellas personas que, por razón de sus cargos, funciones o responsabilidades institucionales, tienen relación con los asuntos cuestionados.
No se está limitando a pronunciamientos generales sobre la corrupción o la mala administración. Está confrontando personalmente a determinadas autoridades, identificando situaciones concretas y anunciando actuaciones de las entidades competentes.
Eso no significa que los funcionarios cuestionados sean responsables de irregularidades ni que las denuncias presidenciales sustituyan las investigaciones administrativas, disciplinarias o judiciales. La responsabilidad individual tiene que establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Pero sí encuentro una relación entre esta forma de actuar y aquella propuesta electoral que anunciaba una revisión de las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas.
Por eso me pregunto si estamos ante una serie de enfrentamientos circunstanciales o si comenzamos a presenciar la ejecución de una política que el presidente había anunciado antes de llegar al poder.
Y hay algo que no quisiera dejar de mencionar: si esa es efectivamente la orientación del Gobierno, estamos ante un mandatario que aparentemente está intentando ejecutar una parte de aquello que ofreció a sus electores.
Que lo consiga, que sus actuaciones sean legales y que produzcan buenos resultados es otra discusión. Los discursos y las confrontaciones no bastan para acreditar el cumplimiento de un programa de gobierno.
Pero tampoco me parece correcto desconocer que existe una propuesta escrita y que algunas actuaciones recientes guardan relación con ella.
Ahora quiero llevar esta reflexión a nuestro departamento.
¿Qué pasará en Casanare?
En Casanare tenemos una dirigencia política que durante años ha ocupado espacios de poder. Y hay un fenómeno que, personalmente, considero necesario discutir: los llamados camaleones políticos.
Me refiero a aquellos personajes que han demostrado una enorme capacidad para acomodarse a gobiernos de orillas tan diferentes como los de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
Tres administraciones nacionales con orientaciones y proyectos políticos distintos, durante las cuales determinados sectores han logrado conservar relaciones, posiciones e influencia institucional.
Cambian los presidentes, cambian los ministros, cambian los gobernadores y cambian los alcaldes, pero ciertos personajes parecen encontrar siempre la manera de mantenerse cerca de los espacios donde se toman las decisiones.
Y aquí me surgen varias preguntas: ¿cómo lo consiguen? ¿Por sus resultados administrativos? ¿Por su experiencia? ¿Por su capacidad de gestión? ¿O por sus relaciones políticas y esa habilidad de adaptarse a cualquier gobierno, independientemente de sus convicciones?
No pretendo afirmar que todas las personas que han permanecido durante diferentes gobiernos respondan a esa descripción. La continuidad puede obedecer al mérito, a las capacidades profesionales y a resultados demostrables.
Pero tampoco podemos desconocer que la permanencia prolongada en determinados espacios de poder merece un examen público sobre las condiciones que la hacen posible.
Considero que la rotación del poder es necesaria en una democracia. Ninguna institución debería convertirse en patrimonio personal de quienes la dirigen ni los espacios de dirección pública deberían entenderse como posiciones vitalicias.
Por supuesto, no confundo la estabilidad de los servidores de carrera con la permanencia de quienes ejercen cargos directivos o mantienen influencia política sobre las instituciones. La primera responde a garantías constitucionales y legales que deben respetarse.
Tampoco creo que llevar diez o quince años en una institución convierta automáticamente a alguien en un mal administrador.
Pero una cosa es la continuidad institucional y otra muy distinta que determinados espacios terminen funcionando como círculos cerrados, donde cambian los gobiernos, pero difícilmente cambian quienes toman las decisiones.
La renovación permite que otras personas tengan oportunidades, que se revisen los resultados de las administraciones y que las instituciones no terminen dependiendo excesivamente de unos pocos nombres.
Y en Casanare considero que este debate debería comprender instituciones como el SENA, Comfacasanare, Unitrópico y la Cámara de Comercio de Casanare, entre otras.
Sé que no tienen la misma naturaleza jurídica.
El SENA es un establecimiento público del orden nacional; Unitrópico es una universidad pública que goza de autonomía universitaria; Comfacasanare es una caja de compensación familiar que cumple funciones de seguridad social y está sometida a vigilancia estatal, mientras que la Cámara de Comercio es una persona jurídica de derecho privado que ejerce determinadas funciones públicas.
Por tanto, las competencias del Gobierno nacional frente a cada una son diferentes, en algunas tiene representación en sus juntas directivas o consejos. No puede hablarse de una facultad presidencial general para cambiar discrecionalmente a sus directivos, pues existen procedimientos, estatutos y autoridades que deben respetarse.
Pero sus diferencias jurídicas no impiden que exista un legítimo interés ciudadano por conocer cómo funcionan, quiénes las dirigen y cuáles han sido sus resultados.
¿Cuántos años llevan algunas personas ocupando posiciones directivas o participando en los órganos de dirección de estas instituciones? ¿Cómo llegaron a esos espacios? ¿Qué resultados pueden demostrar? ¿Qué posibilidades reales existen para que nuevos profesionales y liderazgos accedan a esas responsabilidades?
No estoy acusando a sus actuales directivos de haber cometido irregularidades. Para hacer afirmaciones de esa naturaleza se necesitan pruebas.
Estoy planteando una discusión sobre la renovación institucional, la transparencia de los procesos de designación y el riesgo de que determinadas posiciones terminen concentradas durante demasiado tiempo alrededor de los mismos círculos de influencia.
Y aquí vuelvo al programa presidencial.
Si Abelardo de la Espriella anunció una revisión de las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas, comenzando por Ecopetrol, me parece razonable preguntarme si esa política también tendrá expresiones en las regiones, dentro de las competencias que legalmente corresponden al Gobierno nacional.
¿Qué percepción tendrá el actual Gobierno sobre quienes llevan tantos años ocupando posiciones de dirección o influencia en Casanare? ¿Los considera administradores con buenos resultados, interlocutores institucionales o parte de unas estructuras políticas que pretende revisar?
No conocemos esa percepción. Tampoco existe fundamento para afirmar que el presidente tenga actualmente cuestionamientos específicos contra las instituciones mencionadas o sus directivos.
Pero hay una pregunta política que me parece inevitable.
¿Será que aquellos camaleones que lograron acomodarse durante los gobiernos de Santos, Duque y Petro encontrarán la misma facilidad para hacerlo con Abelardo de la Espriella?
¿Seguirán funcionando las mismas relaciones políticas? ¿Volverán a cambiar de discurso? ¿O sus posibilidades de permanencia dependerán de otros factores?
También considero necesario mirar hacia la Gobernación de Casanare.
Nuestro actual gobernador, César Ortiz Zorro, pertenece a la Alianza Verde, una colectividad que reúne distintas corrientes políticas, entre ellas sectores de centro y centroizquierda. Es una trayectoria partidista diferente a la orientación del proyecto político con el que De la Espriella llegó a la Presidencia.
¿Qué relación tendrá el gobernador con el actual Gobierno nacional? ¿Prevalecerá la coordinación institucional o surgirán diferencias sobre la ejecución de recursos, los proyectos estratégicos y las decisiones administrativas del departamento?
No considero que pertenecer a partidos diferentes deba conducir necesariamente a una confrontación. La Constitución exige coordinación entre las autoridades y los intereses de Casanare deben estar por encima de cualquier diferencia política.
Sin embargo, después de lo sucedido con otras autoridades territoriales, me parece legítimo preguntarme cómo será esa relación y qué posición adoptará el Gobierno nacional frente a la actual dirigencia departamental.
Y hay otro asunto especialmente relacionado con nuestra región.
Ecopetrol, precisamente la empresa que el presidente mencionó expresamente en su programa de gobierno.
Casanare tiene una relación directa con la industria de hidrocarburos. Las decisiones sobre inversión, exploración, producción, contratación y administración de Ecopetrol tienen consecuencias sobre nuestra economía y sobre diferentes sectores del departamento.
El cambio en la presidencia de la compañía ya ocurrió.
¿Qué otras modificaciones podrían venir? ¿Cómo se relacionará la nueva administración de Ecopetrol con las autoridades departamentales, los municipios productores y los sectores institucionales de Casanare?
Creo que esas preguntas merecen atención.
Después de revisar el programa presidencial y observar los enfrentamientos recientes con el alcalde de Sincelejo, el rector de la Universidad de Córdoba y las dirigentes de San Andrés, encuentro motivos para pensar que algunas actuaciones del mandatario guardan relación con lo que anunció durante su campaña.
No puedo afirmar que cada enfrentamiento haya sido planeado ni que exista una lista de funcionarios a quienes se pretenda colocar en tela de juicio. Tampoco considero correcto equiparar un señalamiento presidencial con una responsabilidad demostrada.
Pero sí observo que el presidente está dispuesto a confrontar públicamente a determinadas autoridades y que, por lo menos frente a una parte de su programa, parece estar intentando pasar de las promesas a las actuaciones.
La pregunta es si esas actuaciones terminarán produciendo resultados verificables y si se desarrollarán con pleno respeto por la Constitución, las competencias institucionales y los derechos de las personas.
La renovación del poder puede ser necesaria, pero de nada serviría reemplazar unos círculos de influencia por otros si terminan reproduciendo las mismas prácticas.
En Casanare, mientras tanto, me parece que nuestra dirigencia política debería volver a leer el programa presidencial, especialmente quienes han logrado conservar posiciones o influencia durante sucesivos gobiernos nacionales.
Porque una cosa es haber mantenido relaciones y espacios institucionales durante los gobiernos de Santos, Duque y Petro, y otra muy distinta es suponer que las mismas fórmulas necesariamente funcionarán durante la administración de De la Espriella.
No sé si los próximos cuestionamientos presidenciales llegarán también a Casanare. Tampoco sé qué información pueda tener el Gobierno nacional sobre nuestra dirigencia política y las administraciones de las instituciones que he mencionado.
Lo que sí sé es que el programa estaba escrito desde antes de las elecciones. Tal vez muchos ciudadanos no lo leyeron y otros, aunque lo hicieron, pudieron pensar que sus propuestas quedarían simplemente en promesas.
Hoy encuentro razones para volver sobre ese documento y contrastarlo con los hechos.
Porque, independientemente de las simpatías o diferencias políticas que cada uno tenga frente al presidente, considero que los programas de gobierno deben ser objeto de seguimiento ciudadano y que los gobernantes deben responder por los compromisos que presentan a sus electores.
Y quiero terminar dejando una pregunta abierta a quienes lean esta reflexión:
¿Usted cree que el presidente Abelardo de la Espriella está comenzando a cumplir lo que prometió en su programa de gobierno? Y, más allá de estar o no de acuerdo con sus actuaciones, ¿considera que debería llevar esa propuesta a la práctica, respetando la Constitución, las competencias de las instituciones y los derechos de las personas?
Me interesa conocer su opinión.
