Casanare afrontaría una reducción del 21 % en los recursos de inversión regionalizada, mientras Vichada tendría uno de los mayores recortes del país, con una caída del 30,1 %. Así lo señala un análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que plantea una disminución de los recursos destinados a obras y programas en buena parte del territorio nacional.
La inversión regionalizada para Casanare caería en más de $200.000 millones frente a 2026. La reducción podría generar presión sobre la financiación de proyectos de infraestructura vial, educación, programas sociales y otras iniciativas que dependen de recursos del Gobierno nacional.
En Vichada, el panorama sería aún más complejo: los recursos pasarían de $335.319 millones en 2026 a $234.474 millones en 2027, una disminución del 30,1 %. El departamento se ubicaría entre los territorios más afectados por el ajuste presupuestal.
El panorama para la Orinoquía también está marcado por una distribución desigual de la inversión. Mientras Casanare y Vichada registrarían reducciones, Guaviare tendría un incremento en sus partidas regionalizadas, de acuerdo con el análisis. Estas diferencias plantean interrogantes sobre la continuidad de proyectos estratégicos y las prioridades de inversión para una región que enfrenta importantes desafíos de conectividad, desarrollo rural y acceso a servicios.
A escala nacional, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó un presupuesto de $634,9 billones para 2027, con una inversión prevista de $86,9 billones, un 2,8 % menos que en la vigencia actual. La propuesta deberá surtir su trámite en el Congreso de la República.
El proyecto contempla regionalizar $63,8 billones para obras, programas sociales e infraestructura. Sin embargo, estas asignaciones corresponden a la programación de inversión de las entidades nacionales en los territorios y no representan transferencias directas ni recursos de libre disposición para las gobernaciones.
La reducción prevista para Casanare y Vichada abre un debate sobre el impacto que tendría el ajuste en las inversiones necesarias para el desarrollo de la Orinoquía. El efecto final dependerá de la aprobación del presupuesto, la distribución definitiva de los recursos y la financiación de los proyectos priorizados para 2027.
