EN EVIDENCIA PRESUNTO RESPONSABLE DE EXPLOTAR SEXUALMENTE A NIÑAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA JIW

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Un sujeto señalado de someter a vejámenes de índole sexual a niñas indígenas a cambio de dinero, alimento y elementos de primera necesidad fue judicializado por la Fiscalía.

Como Fredy Humberto Gómez Aguilera fue identificado el sujeto que se aprovechaba de las condiciones de vulnerabilidad de niñas indígenas de la comunidad Jiw en Meta, quienes eran abusadas sexualmente a cambio de alimentación, alojamiento y les inducían al consumo de sustancias que les generaban adicciones.

En este contexto, la Fiscalía documentó el caso de una menor de edad de 13 años del resguardo Luna Roja, en Puerto Concordia (Meta), quien fue

agredida entre mayo y junio de 2023.

En una de esas oportunidades, el hoy procesado trasladó a la víctima a una finca en Mapiripán y la sometió sexualmente a cambio de agua para su comunidad y otros artículos de primera necesidad. Asimismo, se conoció que habría llevado a la niña a un hospital, presentándola como su familiar para que fuera atendida, circunstancia en la que abusó de ella aprovechando un descuido del personal médico.

Las actividades investigativas dan cuenta de que, al parecer, también se comunicaba vía telefónica con otras menores de edad indígenas y les solicitaba ir a un inmueble en Puerto Concordia para sostener encuentros íntimos, en medio de ofrecimientos de dinero.

Por estos hechos, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Gómez Aguilera en el kilómetro 26 de la vía nacional de Puerto Concordia. Una fiscal de la Seccional Guaviare lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, las dos conductas agravadas.

El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Esta es la cuarta judicialización que se realiza como parte de una investigación priorizada, que busca identificar y ejercer la acción penal contra los responsables de afectaciones a niñas, niños, adolescente y mujeres integrantes de comunidades indígenas en el oriente del país.

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