Los personeros de ambos municipios aseguran que el deterioro de la banca de la vía pone en riesgo el derecho a la libre movilidad de miles de habitantes y advierten que la región podría quedar completamente incomunicada si no se adoptan medidas inmediatas.
Las personerías municipales de Chámeza y Recetor presentaron una acción de tutela contra la Gobernación de Casanare y la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de que un juez ordene la adopción de medidas urgentes para evitar el colapso del puente La Maracagua y la pérdida total de la banca sobre la vía que comunica ambos municipios.
La acción fue radicada por los personeros Sebastián Enrique Malaver González y Norberto Martínez, quienes sostienen que las intensas lluvias registradas desde marzo han provocado un deterioro progresivo de la infraestructura vial del piedemonte casanareño, especialmente en el corredor que conecta a Recetor, Pueblo Nuevo y Chámeza.
Según el escrito, el punto más crítico se encuentra en el sector del puente La Maracagua, donde la pérdida de la banca amenaza con interrumpir completamente la conectividad entre los dos municipios y el resto del departamento. Los accionantes afirman que funcionarios de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo inspeccionaron la zona durante junio, pero aseguran que hasta la fecha no se han ejecutado obras de mitigación ni se conocen soluciones concretas.
La tutela también advierte que la situación se agravó tras la avalancha registrada el pasado 20 de junio sobre la vía Chámeza–Páez (Boyacá), donde colapsó el puente ubicado en la quebrada Sirasí, reduciendo aún más las alternativas de comunicación terrestre para la población.
Lo que solicitan al juez
En la acción constitucional, las personerías solicitan proteger los derechos fundamentales a la igualdad y a la libre locomoción de los habitantes de Chámeza y Recetor. Asimismo, piden que se ordene a la Gobernación de Casanare y a la Unidad de Gestión del Riesgo adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para estabilizar el terreno y evitar la pérdida definitiva de la banca en el puente La Maracagua.
Los accionantes fundamentan su petición en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres, argumentando que las autoridades tienen la obligación de prevenir situaciones que amenacen los derechos fundamentales de la población.
Empresa transportadora también alertó sobre el riesgo
Como anexo de la tutela fue incorporada una comunicación de la empresa de transporte Cootransaguazul, en la que se advierte que el deterioro del corredor vial en el sector de Pueblo Nuevo representa un riesgo inminente para conductores, pasajeros y demás usuarios de la vía.
En el documento, la empresa señala que la inestabilidad del terreno compromete la continuidad del servicio público de transporte y alerta que un eventual cierre total de la carretera dejaría aisladas a las comunidades de Chámeza y Recetor, afectando el acceso a servicios de salud, educación, trabajo y comercio. Por ello, solicitó una evaluación técnica urgente, obras de estabilización y la gestión inmediata de soluciones definitivas por parte de las autoridades competentes.
La tutela quedó radicada ante la Rama Judicial para su trámite y será un juez constitucional quien determine si procede ordenar las medidas solicitadas por las personerías municipales.
